Texto: Camila Grigera Naón Ilustraciones: César Carrizo*
El 7 de junio del 2018, Camila Solange Medrano, 30 años, fue detenida cuando salía de un kiosco en la ciudad de Buenos Aires.
La estaban vinculando al negocio de narcomenudeo de su cuñada, Noelia Polo Castañeda, una de las personas con las que vivía.
Un tribunal la condenó a seis años de prisión por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. Pasó cinco años en arresto domiciliario, imposibilitada de cuidar de sus hijas y ayudar a su mamá, quien sufría de cáncer terminal. Eventualmente consiguió su libertad. Junto a su defensora pública, Florencia Hegglin, lograron argumentar que había sido obligada a participar del delito.
Pero Medrano ya había perdido mucho. Había sufrido lo que en la jerga jurídica se denomina como “daño irreparable”.
Desde jóven, Medrano sobrevivió en un ambiente de violencia. A los 13 años pasó tiempo en un hogar para menores. A los 15 ya había sufrido abusos sexuales a manos de familiares. El padre de sus hijas, Víctor Augusto Polo Castañeda, un hombre casi dos décadas mayor que ella, comenzó a pegarle al poco tiempo de conocerse.
Llegado el 2015, Medrano ya tenía tres hijas y los episodios de violencia eran parte de la rutina.
Medrano vivía con las niñas, Polo Castañeda y algunos familiares de él, incluyendo su hermana, Noelia. Compartían una casa tomada en el barrio de San Cristóbal, en la ciudad de Buenos Aires. La convivencia siempre fue tensa. Medrano dice que vivía controlada por Polo Castañeda, quien hacía todo lo posible para aislarla del mundo.
“Me decía: ‘te quedás acá’ y yo me quedaba, no tenía comunicación con mi familia, mi abuela se daba cuenta de lo que pasaba pero no podía llamarla. Me decía: ‘Vos no servís para nada, no sabés cocinar, no sabés lavar la ropa y me engañaba”, declaró Medrano en el expediente judicial de la causa.
“Me tiré muy abajo, sentía que no valía nada de lo que hacía, todo me lo tiraba abajo”.
Medrano siempre supo que tenía que salir y sacar a sus hijas de ese ambiente, pero el miedo a la golpiza la desalentaba. Cuando no trabajaba para mantenerlas, se aseguraba de tener la comida hecha para su pareja y mantener la casa limpia.
En marzo de 2018 llegó el punto de inflexión. Noelia ya lideraba un negocio de venta de cocaína y marihuana. En la casa donde Medrano criaba a sus hijas se llevaba adelante la coordinación, embalaje y contaduría del negocio. Polo Castañeda entregaba la mercadería a los clientes.
“La plata que él hacía nunca llegaba a mi casa para pañales o comida”, contó Medrano. Dice que participaba porque si se negaba, la respuesta siempre era violenta, “problemas, golpes, peleas, o discusiones”. Era eso o “me quedaba en la calle”, recuerda. “Estaba acorralada”, explicó.
“Le dije [a Noelia Polo] que no quería más. Me respondió: ‘bueno, te vas de la pieza’”. Juntó algunas pertenencias y se refugió con sus hijas en casa de su abuela.
Pensó que lo peor había pasado, pero no. El 16 de febrero del 2018 a las seis de la tarde, volvió a casa de su expareja a buscar la ropa de sus hijas. Apenas llegó, Polo Castañeda comenzó a insultarla, la agarró del cuello y comenzó a golpearla en el pecho y en la cabeza. Luego intentó clavarle una cuchilla y prender fuego la vivienda con una garrafa.
Medrano gritó pidiendo ayuda. Dos vecinos lograron quitarle la garrafa a Polo Castañeda y llevarlo al patio. Medrano vio la oportunidad y se escapó. En la calle, encontró un patrullero y relató lo sucedido. Mientras, Polo Castañeda salió de la casa con dos varillas de madera de unos 35 centímetros de largo con puntas afiladas para agredir a Medrano. Después de un breve forcejeo, el policía logró detener al agresor.
Hoy Castañeda cumple una condena de ocho años por un número de delitos incluídos robo, tráfico de drogas y violencia de género.
Medrano había quedado involucrada en el delito de microtráfico de drogas porque Víctor y Noelia usaban su celular para desarrollar la logística del negocio. Mediante escuchas, la Fiscalía los relacionó.
A la justicia le llevó tres años y medio dictar la sentencia definitiva contra Medrano, mientras ella recibía amenazas de su expareja desde prisión y de sus familiares quienes intentaban convencerla de aceptar un juicio abreviado, que podría beneficiarlos a cambio de que ella se inculpara.
Medrano nunca cedió a la intimidación porque tenía esperanzas que los jueces entendieran los motivos que la habían llevado a participar en el delito. Aunque su condena fue mayor en un principio, luego de cinco años consiguió su absolución. Logró probar que su rol en el negocio no era central y que había actuado por un estado de “necesidad justificante”.
“Si es una participación secundaria, opera muchísimo la cuestión de género. (…) Muchas veces, las mujeres no lideran el tráfico, no organizan ni quienes compran droga para venderla al menudeo. Este rol muchas veces lo ocupan los hombres”, explicó Hegglin, su abogada.
La exposición reiterada a la coacción condicionó su capacidad para tomar decisiones. Los eventos negativos se cronifican y permean a la persona que presenta una “consecuente incapacidad para defenderse, permaneciendo en relaciones abusivas”, advirtió la pericia psicológica confeccionada por la licenciada Melina Siderakis.
“Mujeres que viven en contextos de violencia de género tan extremos, (podrían) desplegar las conductas que en cada caso se le exigían o se esperaban pues (…) les permitían salvaguardar su vida e integridad física”, detalló Gabriela Bacin, la trabajadora social que confeccionó el informe social del expediente judicial.
Hegglin ha representado a otras mujeres condenadas por delitos de microtráfico. Dice que lograr una absolución es poco usual. “No se ve para nada la perspectiva de género en el análisis dogmático. Es lo más difícil de instalar y de discutir”, explicó.
En el fallo que asolvió a Medrano, el juez a cargo dijo que además del estado de necesidad justificante, fue víctima de violencia de género dentro de un contexto general de vulnerabilidad.
“Ellos son fiscales o jueces, y les importa lo que pasó en ese acto, no el por qué. Pero así no ven el sufrimiento de esa persona, el sufrimiento de los niños, de las familias. No ven todas esas cosas”, detalló Medrano. “Pienso que una persona que no fue sometida, abusada, que no lo maltrataron, no lo hace. Hoy en día no lo hago. Yo salía de una violación y a los 16 lo conocí a Víctor. Me agarraron desde muy chiquita, me adiestraron”, reflexionó.
Medrano cumplió cinco de los seis años a los que había sido condenada originalente en arresto domiciliario. No podía salir de casa sin permiso judicial.
“Pedía permisos para llevar a mis hijas a la escuela, me los otorgaron. Cuando pedía permisos para llevarlas a controles médicos a veces me los otorgaban, a veces se olvidaban de avisarme que los tenía”, lamentó Medrano. “Como eran tantos los permisos para mis tres hijas, directamente se olvidaban”, lamenta.
Tampoco tenía permitido acompañar a su madre, quien sufría de cáncer terminal y falleció a mediados de 2020, a las citas médicas.
Pasada la tormenta, Medrano vive en Villa Lugano con sus tres hijas. Desde que logró su libertad, retomó el secundario y trabaja como empleada doméstica, mientras busca otras oportunidades que le brinden mayor seguridad laboral. También se está formando para convertirse en enfermera.
Cuando reflexiona sobre el rol que mujeres en situación de vulnerabilidad cumplen en la cadena de distribución de drogas dice: “no estamos hablando de un asesinato o de una violación. Estamos hablando de algo que sí es un delito y que a nadie recomendaría hacerlo, pero deberían fijarse en el detrás, en que pasó en la vida de esa persona para llevarla a lo que hizo”.
* Camila Grigera Naón elaboró esta crónica con el acompañamiento de la Red Federal de Periodismo Judicial. La pieza forma parte de la investigación “Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina”. Se trata de un proyecto de la Red apoyado por el Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) de la Fundación Gabo y Open Society Foundations.
