ORO Y VIOLENCIA: EL TREN DE ARAGUA EN EL ARCO MINERO DE VENEZUELA

Eran cerca de las 11:00 de la mañana cuando íbamos por el kilómetro 27 de la Troncal 10, la vía que conecta los pueblos mineros más importantes del sur del estado Bolívar con la Gran Sabana y Santa Elena de Uairén, en la frontera entre Venezuela y Brasil. Habíamos pasado Guasipati, El Callao, Tumeremo y El Dorado, y nos dirigíamos a Las Claritas, en el Kilómetro 88.

—¡Para ese carro ahí, para ese carro ahí! —gritó un hombre con violencia y determinación hacia el vehículo donde viajaba junto a otra colega periodista y el transportista.

El hombre usaba una camiseta manga larga, tipo sudadera, con estampado selvático. Llevaba un radio en la cintura y un pequeño bolso terciado en el pecho.

—¡Baja el vidrio, baja el vidrio! Me dicen que están tomando fotos de aquí, de este carro –repite mientras escucha las indicaciones que le dan por el radiotransmisor.

Todos quedamos paralizados. Era verdad, desde el vehículo en marcha mi compañera había tomado algunas fotos de las empresas mineras que están ubicadas al borde de la carretera. ¿Pero cómo lo sabía este hombre? ¿Cómo se dio cuenta?

El hombre era un garitero, como se denomina en Venezuela a las personas que cumplen funciones de vigilancia y seguridad para los grupos armados, como los de la megabanda de El Koki que vi en la Cota 905, en Caracas, o los que rodean la cárcel de Tocorón. El que le hablaba por radio era otro garitero apostado en otro punto de la carretera, quien nos había visto tomar las fotos.

Recordé que había hecho un par de fotos también, pero del paisaje de la zona, con mi teléfono. Y eran justamente las últimas imágenes que tenía archivadas.

—¡No! Nosotros las fotos que hicimos son estas del paisaje. Toma, aquí están −le dije con miedo, mientras le extendía mi celular para que lo agarrara.

Él no tomó el teléfono, se conformó con mirar las últimas fotos que yo le mostré desde el carro.

—Está bien. No se asusten. Pueden seguir −dijo, antes de dejarnos continuar.

Estuvimos en silencio durante los siguientes cinco minutos del viaje. Logramos recuperarnos del susto unos kilómetros más adelante, cuando nos sorprendió una valla gigante que anunciaba la llegada al “Kilómetro 88-Las Claritas”. La valla mostraba los rostros de las figuras más importantes y simbólicas de la revolución bolivariana. De izquierda a derecha aparecían Simón Bolívar, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez (vicepresidenta de la República), Tareck El Aissami (exministro de Petróleo), Iris Varela (diputada del PSUV y exministra de prisiones), Tarek Williams Saab (Fiscal General), Vladimir Padrino López (ministro de la Defensa), Ángel Marcano (gobernador de Bolívar) y Vicente Rojas (alcalde del municipio Sifontes). Además de las fotos, se expresaba el apoyo “siempre a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros”.

Las Claritas es un lugar polvoriento, con calles cubiertas por una arena amarilla que al juntarse con el agua de lluvia se convierte en barro. En eso se parece a los otros pueblos mineros que habíamos visto en el camino. Pero aquí había más movimiento, más comercios, más gente, más vida.                

La razón es que no se trata de cualquier pueblo minero. Este es el corazón, la capital de la zona donde está el yacimiento de oro más grande de Venezuela, y el cuarto más importante del mundo, con reservas por el orden de 1 millón 480 mil kilos. Tiene una ubicación estratégica entre la zona minera y el parque nacional Canaima. Es también el centro de las operaciones comerciales de un territorio de más de 74 kilómetros cuadrados de actividad minera, donde además hay otros minerales y piedras preciosas, como diamantes. Y está en la vía hacia Brasil.

Al recorrer el pueblo llama la atención la cantidad y variedad de comercios. Las tiendas que ofrecían material para minería tenían nombres como Valle del Cauca (un departamento colombiano), La Costeña (como se llama en Colombia a una mujer que venga de la costa atlántica) y La Azulita (un pueblo del estado

Mérida en la frontera con Zulia), que daban idea del origen de algunas de las personas que se instalaron allí.

 También había un local comercial similar a uno vimos dentro de la prisión Tocorón, con los logos de Balenciaga, Gucci y Nike en las vitrinas, y muchos hombres con camisetas iguales a la del garitero que nos había parado en la Troncal 10. Andaban en motos y se juntaban en las esquinas para ofrecer servicios como mototaxistas. Luego supimos que también eran gariteros que vigilaban todo el pueblo y usaban el trabajo de mototaxi para disimular su verdadera función. Un par de ellos permanecieron afuera del local donde nos detuvimos para conversar con un comerciante durante el tiempo que duró la entrevista. No hacían nada, solo estaban allí.

Durante los gobiernos de Acción Democrática y Copei, entre 1958 y 1993, se entregaron concesiones a las empresas canadienses Crystallex y Gold Reserve para la explotación de las minas Las Cristinas y Las Brisas, las dos más importantes de Las Claritas, con reservas potenciales de 7 mil toneladas de oro según estudios hechos entonces por ambas transnacionales. Después de varias modificaciones en las condiciones, en 2008 el gobierno de Hugo Chávez rescindió arbitrariamente los permisos a ambas empresas. Las compañías demandaron al Estado venezolano, y en 2017 se anunció que habían ganado la disputa en una corte internacional, por lo que ya hay indicios de su regreso al país, específicamente a la zona de Las Claritas.

Otro hito importante para entender la explotación minera es el decreto de nacionalización de la minería y la comercialización del oro en 2011. Para entonces, el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, ya había permitido la instalación de estructuras armadas no estatales para que controlaran la explotación minera, según han revelado investigaciones de Transparencia Internacional Venezuela. Fue de allí de donde salió la banda de “El Topo”, delincuente que cobró fama en 2016 con la llamada masacre de Tumeremo, cuando ordenó el asesinato de 17 mineros. El gobernador Rangel Silva intentó minimizar el hecho para que no fuera investigado, porque al parecer “El Topo” era uno de los hombres que él había puesto al frente del control de unas minas.

Desde entonces las noticias y denuncias sobre masacres y desapariciones son una constante en el sur de Bolívar. La violencia forma parte de la cotidianidad, es la base de las relaciones, se usa para resolver las disputas y para desplazar y sacar del camino a los adversarios. De allí la etiqueta de oro de sangre que se ha asociado al oro venezolano.

El desborde de la violencia también coincide con otro hito histórico: la publicación del decreto de creación del Arco Minero del Orinoco, el 24 de febrero de 2016.

Un informe publicado en 2020 por la Oficina de la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que aborda el tema del Arco Minero del Orinoco, identificó al menos 16 incidentes violentos o “disputas” ocurridas en cuatro años −entre 2016 y 2020− que dejaron 149 personas muertas. Presuntamente los cuerpos de seguridad participaron en algunos de estos hechos. “Las personas que trabajan en la región del Arco Minero del Orinoco en Venezuela están atrapadas en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área”, dice el documento. Agrega que los grupos armados, conocidos como sindicatos, “deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección”.

Desde la publicación de ese informe y el paréntesis de la pandemia, la situación no ha cambiado. El más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU (una instancia independiente que investiga el caso de Venezuela por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU), publicado en septiembre de 2022, ratifica las denuncias y habla de violaciones a los derechos humanos. “Estas violaciones y delitos son perpetrados tanto por agentes estatales, en particular por militares encargados de la seguridad en la región minera, así como por actores no estatales. Estos actores no estatales incluyen grupos criminales (conocidos como sindicatos y pranatos) y grupos guerrilleros de Colombia. La investigación se centra, aun cuando no exclusivamente, en el período posterior a 2016, fecha formal de creación del Arco Minero del Orinoco”, concluye la investigación.

Actualmente cada pueblo minero importante del sur de Bolívar es controlado por un grupo armado: en Guasipati manda el Tren de Guayana; en El Callao está el sindicato El Perú; en Tumeremo domina la Organización R; en El Dorado gobierna el sindicato del “Negro Fabio”; y en Las Claritas había un cogobierno a cargo Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, y Yohan José Romero (Johan Petrica), uno de los tres papás del Tren de Aragua.

“Juancho” tomó el control del Kilómetro 88 en 2009, de la mano del exgobernador Rangel Gómez y de su secretario de Seguridad, el general del Ejército Julio César Fuentes Manzulli, según denuncian investigaciones de Transparencia Internacional Venezuela. Este delincuente reinó solo en ese importante territorio, con la simpatía y complacencia de funcionarios del Estado hasta finales de 2015 aproximadamente, cuando llegó Johan Petrica a hacerle compañía.

Johan Petrica llegó a la zona poco antes del anuncio de la creación del Arco Minero. Al principio no usaba su nombre, se camufló bajo el alias de “El viejo” y más adelante fue conocido como “El viejo Darwing”. Se corría el rumor de que venía de Tocorón, y también se hablaba de sus nexos con los grupos de Valles del Tuy, los dos lugares de donde provenían la mayoría de las personas que comenzaron a llegar para trabajar en las minas de Las Claritas.

Por varios años ambos jefes criminales compartieron el gobierno en Las Claritas con armonía. Pero con la salida de Rangel Gómez de la gobernación en 2017 y la llegada de Justo Noguera Pietri al cargo, el pran de Tocorón se fue fortaleciendo y el equilibrio de poder cambió. Para 2022, Johan Petrica había logrado finalmente quedarse con todo el control de las minas del Kilómetro 88 y el pueblo de Las Claritas, luego de desplazar a Juancho hacia otras minas cercanas. La conquista no fue poca cosa, considerando la tradición, el liderazgo y las conexiones de las que gozaba Juancho. Este “cambio de gobierno” criminal coincidió con la llegada del nuevo gobernador, electo en noviembre de 2021, Ángel Bautista Marcano Castillo.

El aterrizaje de Johan Petrica en el Kilómetro 88 también coincide con el nacimiento de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera S.A. (Mindeminec), en 2016, que es el resultado de una alianza entre la Corporación Venezolana de Minería (en representación del Estado Venezolano), con 55 por ciento de las acciones, y GR Mining Inc (de Barbados), con 45 por ciento. Esta última accionista en realidad sería una filial de la canadiense Gold Reserve, la misma a la que Chávez le revocó los permisos y que luego le ganó la demanda al Estado venezolano, por lo que conoce bien el valor de explotar las minas Las Brisas y Las Cristinas.

“Aquí todo funciona bajo la figura de las alianzas. Alianzas entre entes gubernamentales, empresas privadas, instituciones y delincuentes. Esas alianzas que se forman con compañías legalmente constituidas, y tienen vínculos con la Corporación Venezolana de Minería (CVM)”, explicó Pablo Morales, comerciante del pueblo, para describir el tipo de empresas similares a Siembra Minera.

Otra de las figuras jurídicas que se repiten en Las Claritas es la de las fundaciones. A través de estas se gestionan no solo obras sociales, sino diversos tipos de actividades. Incluso delitos, como extorsiones. “Ahora aquí sobran las fundaciones, todo se maneja a través de ellas”, dijo Morales, quien aseguró que son administradas por los pranes que controlan las minas y el pueblo. “Manejan el combustible, y ahora implementaron algo como un seguro médico. El ambulatorio del pueblo es público, pero hay que pagar en oro allí para que te atiendan y te den las medicinas. Usted va ahorita al ambulatorio y están todos esos gariteros allí cuidando sus espacios”. El comerciante insistió en que pese a ser una instancia del gobierno, la controla el grupo de Johan Petrica, asistido por otro de los líderes de Tocorón, alias “La Fresa”, cercano a Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, jefe del Tren de Aragua en la prisión de Tocorón, y quien también frecuenta el pueblo de Las Calritas.

El sistema de Las Claritas

En esta zona minera, aunque todos saben que la organización criminal pertenece al Tren de Aragua, la gente no habla de la megabanda. La estructura delincuencial es conocida como “el sistema”. Porque lo es todo. También controla el suministro y abastecimiento de comida. “Todo; aquí nadie puede traer ni queso ni huevos ni nada. Ellos tienen su negocio donde toda la gente tiene que comprarles, ellos ponen los precios, ellos manejan un tabulador, nadie puede vender ni por debajo ni por encima”, explicó Francisco, habitante del pueblo que ha trabajado en las minas.

También manejan el acceso a las minas: quién trabaja, quién no trabaja, qué porcentaje se paga en los molinos y en todas las etapas del proceso. “Ellos son los dueños de las minas y de las máquinas. Imagínate, tienen las mejores minas. Sacan entre 30 y 50 kilos de oro diarios. Kilos de oro, no de arena”, aseguró Francisco.

En promedio, el kilo de oro en los mercados internacionales se cotiza en 57 mil dólares. Según ese precio, si sacan 30 kilos diarios, eso equivale a 1 millón 710 mil dólares por día, más de 51 millones de dólares al mes.

A ese ingreso se suman otra serie de rentas que el grupo armado obtiene de la actividad minera. “Si tú tienes una moto, tienes que comprar un ticket mensual para circular. También los taxistas. Eso es lo que llaman aquí el ‘mecate’, que es como la cuerda que levantan para dejarte pasar”, contó Francisco.

Otras personas entrevistadas para la investigación precisaron que, en realidad, los grupos armados no son los dueños de las minas. Su función es prestar seguridad a la mina, ocuparse de la logística para su funcionamiento, controlar el pueblo y administrar los negocios que se generan de la actividad minera.

La prostitución también es controlada por el “sistema”, pero la dinámica es muy particular, dijo el comerciante Morales. “Eso es algo que no tiene lógica. Funciona así: las niñas llegan regularmente a vender café, y son las cafeteras, y como venden café quién les va a prohibir. Sin embargo, ellos tienen prohibido que las menores de edad estén en la calle a altas horas de la noche, pero son niñas de 16, 17 y 18 años, que simulan y de alguna forma empiezan por la cafetería, vendiendo café y después cuando ellas deciden entran a lo que llaman la plaza (donde se ejerce la prostitución0”, según explicó el comerciante.

El otro negocio conexo es la venta de drogas. “No sé hasta qué punto el sistema controla eso. Pero sí sé que hay sitios de venta y quienes los cuidan son ellos, entonces tienen que ser ellos mismos. La mayoría de los mineros consumen. Por ejemplo, los “bateros” (que trabajan con bateas pescando el oro), que no comen en todo el día y sobreviven gracias a las drogas”, dijo el minero Francisco.

Por otra parte, el sistema que dirige Johan Petrica, por la fuerza y sembrando el miedo, ha comenzado a instalar “casas de vicio”, donde los usuarios pueden consumir drogas. Allí tienen televisión y duermen. “Lo que pasa es que la droga, el licor y eso de las ropas de marca son un negocio aquí. Si el minero te saca un punto (medida de oro) o te saca un kilo hoy, piensa: ‘mañana consigo más’. Y ese kilo de oro se puede gastar el mismo día. Entonces compra una moto, compra un carro. Lo que yo siempre soñé, me compro unos audífonos, me compro unas Jordan (calzado deportivo). Eso es lo que compran. Además, son puras baratijas, porque aquí lo que te venden es zapatos doble A (imitación) y triple A Nike, ni siquiera son originales y te lo venden en el triple de lo que cuesta un zapato original y la gente lo compra mientras diga Tommy, mientras diga Nike, mientras diga la marca”, contó Francisco.

Pero esos son los mineros de abajo. Porque las personas que trabajan en torno a este sistema suelen viajar a Boa Vista y Paracaima, en Brasil para hacer compras. “Entonces ves a los delincuentes aquí que usan Balenciaga, Gucci, pura ropa original”, precisó el minero. Estos jefes del sistema solo utilizan camionetas Toyota de alta gama, y viajan sin placas por toda la región. Muchos son vehículos robados en el centro del país, repotenciados y modificados en talleres mecánicos de miembros del Tren de Aragua, para luego ser comercializados en Guayana, donde además de un símbolo de estatus son una necesidad y una especie de señal para no ser detenidos por las autoridades. “Uno como policía ve una camioneta de esas y no la para, así cometa una infracción o venga sin placas. Porque uno ya sabe que los que andan en esos carros son gente del gobierno, enchufados o delincuentes. Entonces, si la paras te metes en un problema”, dijo el comisionado de la Policía de Aragua, Marcos Pérez.

Sobre la figura de Johan Petrica, tanto el comerciante como el minero de inmediato lo identificaron como “El viejo” al ver una foto. “Claro que es él”, indicó Morales. “Lo he visto muchas veces. Tiene un poder enorme y aquí se hace lo que él diga. La gente tiembla. Pero también hay quienes dicen que es bueno, que ayuda a la gente porque hace ollas de sopa y la reparte”. Una práctica similar a las que se ven en San Vicente, como las jornadas para repartir arepas. En el Kilómetro 88, como en San Vicente, las escuelas son controladas por el sistema. Como una especie de bono adicional, hacen un pago semanal de un punto de oro a los maestros, cuyo ingreso formal (pagado por el Estado venezolano) es inferior a un salario mínimo (unos siete dólares).

También organizan actividades deportivas y presentaciones con artistas internacionales. “Los muchachos de la selección de fútbol sala vienen siempre para acá. El sistema los trae, y a reguetoneros famosos. A los cantantes les pagan con oro”, dijo Francisco.

Aquí las fundaciones también son utilizadas para cobrar las extorsiones de manera disimulada. Ese dinero lo usan para arreglar las vías y para el ornato del pueblo, lo que publicitan como obras del sistema. “Si compran equipos de rayos X para el ambulatorio o quieren abrir nuevos laboratorios, piden una colaboración de 10 gramas (medida para el oro) a los comerciantes. De esta manera ellos quedan bien, pero los comerciantes estamos ahorcados y no podemos negarnos. La opción es cerrar e irnos”, explicó Morales.

Se calcula que al menos 5 mil personas trabajan para “el sistema” en Las Claritas. Casi el 20 por ciento del pueblo. Son su ejército. “La mayoría es gente que no es de aquí. Vienen de otros estados, pero también vienen de Tocorón”, aseguró el comerciante Morales. Hay códigos de castigo para los que violen las reglas. Primero reciben advertencias, pero si reinciden son llevados con las manos esposadas hacia atrás a una zona montañosa de donde no regresan. Los desaparecen. La gente del pueblo cree que es un lugar donde hay fosas comunes.

El arsenal del Tren de Aragua en Las Claritas es de grandes dimensiones: pistolas, fusiles de distintos tipos y granadas principalmente. “La cantidad de armamento que hay aquí es una locura”, dijo Francisco.

Pero Johan Petrica no pierde de vista el horizonte. Aunque tiene bajo su poder las minas Los Rojas, Marruecos y Cuatro Muertos, entre otras, se ha dedicado a comprar inmuebles para acondicionarlos y convertirlos en hoteles, para prestar servicio en caso de que las empresas canadienses o iraníes se instalen en la zona.

*Este texto es parte del capítulo 6 del libro “El Tren de Aragua, la Banda que revoluciona el crimen organizado en América Latina”, escrito por nuestra cofundadora Ronna Rísquez y publicado en 2023 con Editorial Dahbar y Editorial Planeta