Autora: Eva Fernández Martín Editora: Josefina Salomón Ilustración: Sergio Ortiz Borbolla
Dice la famosa frase que “tiempos desesperados requieren medidas desesperadas”, y este bien podría ser el eslogan del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien decidió aplicar la política de mano dura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para abordar la crisis de homicidios y criminalidad de su país. El llamado “Plan Fénix” prometía erradicar el ciclo de violencia a través de la militarización de las calles y de las cárceles. ¿Ha funcionado?
Exploramos las causas de una crisis que ya ha traspasado fronteras, las historias de las personas a quienes afecta, y las perspectivas a futuro.
Violencia récord. Ecuador, tradicionalmente conocido como la “Isla de Paz”, ha experimentado una rápida escalada de violencia y crimen, convirtiéndose en el onceavo país con la tasa de criminalidad más alta del mundo, según el índice de la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional Organizado. Entre 2017 y 2022, los homicidios aumentaron un alarmante 574%, alcanzando una tasa de 47 por cada 100,000 habitantes en 2023 – gran parte de los que han tenido lugar en la ciudad de Guayaquil, el epicentro de la crisis. Su ubicación estratégica entre Colombia y Perú, los principales países productores de cocaína, sumado al hecho de ser hogar de algunos de los mayores puertos de América del Sur, han convertido a Ecuador en un punto clave en el comercio global de drogas, principalmente cocaína. La muerte de líderes clave y las disputas internas que se generaron entre grupos locales, como Los Choneros, que hasta recientemente dominaban los mercados criminales con cierto grado de cohesión y control, ha resultado en una fragmentación que se ha traducido en una disputa violenta por el control de territorios estratégicos y recursos. Esto ha abierto las puertas a grupos transnacionales, como los carteles mexicanos, que buscan expandir su influencia en el mercado de drogas ecuatoriano. La corrupción, la debilidad del sistema judicial y el impacto de la pandemia de COVID-19 han facilitado estas dinámicas.
Estado de emergencia. Al inicio de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un estado de emergencia y por primera vez en la historia del país, un “conflicto armado interno”. Fue en respuesta a la espiral de violencia que culminó en la toma de una estación de televisión en vivo, la fuga del líder de una banda criminal de una prisión, una serie de motines dentro de prisiones, y ataques a instituciones públicas y al ejército. Inicialmente planeado por 60 días, el estado de emergencia se extendió otros 30 debido a la persistencia de la violencia. Estas medidas autorizaron a las fuerzas de seguridad a lanzar operaciones contra 22 bandas criminales, designadas como “grupos terroristas”. También permitió la acción conjunta de militares y policías en las calles y en las cárceles, muchas de las cuales estaban controladas por bandas criminales. Tres meses después, el autodenominado “Noboa way” había logrado reducir la tasa de homicidios en un 60% a nivel nacional. Pero hubo un costo. Organizaciones de derechos humanos han denunciado desde casos de tortura en prisiones, tomas de muestra genéticas forzosas de personas privadas de la libertad, hasta el uso excesivo de la fuerza por parte de militares.
Detrás de la mano dura. A pesar de estas controversias, Noboa disfruta de un índice de aprobación del 80%. Según Glaeldys González Calanche, fellow del programa de América Latina del International Crisis Group, muchos ecuatorianos se sienten desamparados ante la corrupción generalizada que permea el sistema judicial, las fuerzas militares, la policía y los gobiernos locales, como evidencian, entre otros, el caso Metástasis. “Este desprestigio hacia el aparato estatal ha servido para que las políticas de mano dura tengan este apoyo, esta tolerancia,” dice y advierte que, a pesar de la reducción de los homicidios, el gobierno sigue enfrentando desafíos porque “la lógica criminal se mueve mucho más rápido que la gubernamental”. De hecho, el aumento de extorsiones y secuestros, así como en la expansión de actividades criminales hacia nuevas zonas del país muestra que los grupos criminales han sabido adaptarse a estas nuevas medidas de seguridad.
Jóvenes e infancias. Sufren de manera desproporcionada la crisis de seguridad. Al menos dos jóvenes fueron asesinados cada día en 2023 y el número de homicidios de menores de 19 años aumentó un 640% desde 2019, según datos de UNICEF. Además, las bandas criminales aprovechan el contexto de falta de oportunidades educativas y laborales para reclutar a jóvenes. En un principio, estos empiezan con tareas de vigilancia y paulatinamente se les involucra en actividades más peligrosas, como el transporte y venta de drogas, el cobro de extorsiones y, en el peor de los casos, el sicariato, según reportó InSight Crime. Las niñas también son reclutadas para la explotación sexual y para servir como parejas de los líderes de las bandas.
Comunidades marginalizadas. En otros casos, las bandas criminales se han convertido en una suerte de “empleador” en comunidades empobrecidas, donde la presencia del Estado es débil y los servicios básicos, escasos. La experta González Calanche explica que “las condiciones laborales de los empleos formales, sobre todo aquellos a los que estas personas podrían aspirar, son condiciones paupérrimas de empleo, especialmente todo el negocio de camarones y de la banana”. Es así como comunidades marginalizadas, especialmente la afroecuatoriana, recurren a organizaciones criminales que ofrecen pagos semanales a cambio de diversos servicios, como vigilancia o almacenamiento de drogas.
Políticos locales. En el último año, cuatro funcionarios locales fueron asesinados, incluyendo a la alcaldesa de la municipalidad de San Vicente, Brigitte García, y su director de comunicaciones, Jairo Loor, en un tiroteo en la provincia de Manabí. Más de 30 otros funcionarios recibieron amenazas, según datos publicados por El País. Al menos 50 alcaldes han solicitado protección policial, de acuerdo a datos publicados por Primicias y 30 ya la han recibido.
Expansión. González Calanche dice que el fin, o al menos la disminución, de las restricciones tras el estado de emergencia y el próximo referendo del 21 de abril, pueden propiciar un aumento de la violencia por parte de grupos criminales que podrían buscar desprestigiar los cambios propuestos por el gobierno, especialmente en lo que respecta a facilitar los acuerdos de extradición y la presencia permanente de las fuerzas armadas en las cárceles. Si las propuestas sobre seguridad que incluye la consulta popular son aceptadas tomarían su tiempo en ser implementadas. González Calanche indica que este vacío temporal podría ser aprovechado por los grupos criminales para adaptarse y continuar con sus operaciones, sobre todo de narcotráfico.
Cooperación regional. Es un elemento crucial para abordar el crimen organizado, y su impacto, en Ecuador. “Actualmente Ecuador está mirando mucho a Colombia, ha habido bastantes avances en materia de cooperación militar, y eso me parece muy importante, sobre todo en lo que respecta a intercambio de información, que hay un vacío muy grande,” dice González Calanche Sin embargo, la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que Ecuador arrestara a Jorge Glas, el exvicepresidente que estaba albergado en la embajada de aquel país, podría obstaculizar estos esfuerzos. Los vínculos entre los principales grupos criminales ecuatorianos y los carteles mexicanos complican aún más la situación.
Elecciones 2025. La gran pregunta es cómo Noboa, y su abordaje de seguridad, llegarán a las elecciones presidenciales el próximo febrero. “Hasta ahora el gobierno ha tenido un apoyo legislativo bastante consolidado, muy hermético,” dice González Calanche pero apunta a que una vez llegue la campaña electoral, las grietas, inevitablemente, se van a profundizar y eso puede debilitar la respuesta oficial ante el crimen. “El gobierno actual buscará capitalizar sus logros para garantizar su reelección,” concluyó la experta. La pregunta es si aquello será suficiente.
