Texto: Josefina Salomón
“Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando duro, juntos, en la frontera.”
Así definió Donald Trump en su cuenta de Truth Social, su relación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un tono marcadamente diferente al que usa para referirse al canadiense Justin Trudeau, con quien ha intercambiado dardos en el marco de una vertiginosa guerra comercial cuyas reglas cambian casi semanalmente.
Hay otra enorme diferencia entre las dos relaciones: Sheinbaum cumplió con todos los pedidos de Estados Unidos y, así, reconfiguró no solo la relación de México con el país más poderoso de la región, sino su propia estrategia de seguridad.
El despliegue de 10.000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera entre ambos países a principios de febrero para detener el flujo de fentanilo resultó ser solo la entrada. El plato fuerte fue el envío – que el fiscal general de México dijo, no eran extradiciones– de 29 criminales de alto perfil que Estados Unidos solicitaba por delitos que van desde el tráfico de drogas al homicidio. El operativo histórico en el que participaron 3.500 policías y militares de ambos países fue el sello de un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales.
Sheinbaum, que tiene un 85% de apoyo popular, dice que esta es una relación “entre iguales”, muestra la caída de los decomisos de fentanilo y pide a Trump acciones para frenar el flujo de armas. Pero la letra chica del abordaje de seguridad de la presidenta está cultivando críticos, en lo que se acumulan las preguntas sobre los efectos a largo plazo de una estrategia que ya probó ser fallida.
Los nombres que figuran en la lista de 29 criminales mexicanos enviados a Estados Unidos representan algunas de las principales organizaciones criminales del mundo, incluyendo seis que Trump recientemente designó como grupos terroristas.
Los Zetas, famosos por usar violencia extrema; el Cartel de Sinaloa, que ahora está dividido y controla laboratorios de fentanilo; el Cartel Jalisco Nueva Generación, que participa en el tráfico de fentanilo y migrantes; La Familia Michoacana y el Cartel del Golfo (este artículo de Zedryk Raziel y Patricia San Juan Flores y este de Pablo Ferri tienen muy buenos datos).
Estados Unidos quería dar una señal de poder. Quería, también, a Rafael Caro Quintero, fundador del cartel de Guadalajara, que en 1985 secuestró, torturó y asesinó a Enrique “Kiki” Camarena, un agente de la planta de la DEA en México.
Los líderes de estas organizaciones también enfrentaban procesos en México, donde desde hace tiempo vienen sembrando el terror en las comunidades donde se asentaron, controlando todos los aspectos de la vida diaria de miles de personas, a fuerza de extorsiones, torturas y asesinatos. Los Zetas, por ejemplo, estuvieron detrás de decenas de masacres, como la de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas en 2011 y de más de 300 habitantes del municipio de Allende, en el estado de Coahuila en 2010.
Aunque algunos líderes de la organización estaban encarcelados, sus procesos estaban estancados y existen indicios que seguían coordinando operaciones criminales desde la cárcel.
Más allá del impacto público de los arrestos el efecto que generará en el largo plazo será limitado, dice Guadalupe Correa-Cabrera, experta en crimen organizado, profesora en la Universidad George Mason y autora del libro Los Zetas Inc.
“México ha extraditado a muchas personas bajo presión de Estados Unidos en el contexto de la estrategia “kingpin” (que prioriza la eliminación de los jefes de las organizaciones criminales). Pero esa estrategia no funcionó porque cuando se quita la cabeza de una organización, esta se fragmenta y la disputa por el poder genera mucha violencia,” explica.
La lucha de poder por el control territorial es la que ha tenido en vilo a la población del estado de Sinaloa, donde la lucha entre los herederos de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán, los co-fundadores del famoso cartel (ambos ahora enfrentando cargos en Estados Unidos), ha generado un baño de terror y sangre con cientos de muertos.
“Estamos ante una nueva versión de la ‘guerra contra las drogas’, con un enfoque en arrestos, decomisos y extradiciones, bajo una agenda marcada por los Estados Unidos. Pero la ‘guerra contra las drogas’ históricamente no logró nada: ni disminuir la violencia ni proteger a las víctimas. En un gobierno militarizado, con la Guardia Nacional en la esfera del Ministerio de Defensa, hablar de víctimas es imposible, han quedado olvidadas,” dice Correa-Cabrera.
Carlos Zazueta, abogado de derechos humanos y experto en desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en México, dice que el proceso que acabó con el envío de los capos es ilegal porque va en contra de la Constitución nacional. Dice que hace que el gobierno se vea débil y pierda la oportunidad de mostrar que se puede hacer justicia en el país.
“La mayoría (de los 29) estaban encarcelados desde hace tiempo y la Fiscalía debería haber tenido la capacidad de juzgarlos. No se pueden evadir las deficiencias de las investigaciones en México enviando a gente a otro país. Eso no produce justicia para nadie ni ayuda a la construcción de paz en el país. Lo que esto hace es multiplicar y complejizar los ciclos de violencia. Las líneas de quienes están al frente del negocio pueden ser más borrosas, pero el negocio multi millonario ahí está” explica.
Correa-Cabrera coincide: “Las extradiciones por si solas no van a resolver ni el crimen organizado ni la violencia que causan, especialmente si Estados Unidos no quiere abordar las consecuencias de su problema de consumo de drogas como un tema de salud pública. La demanda crea oferta. Mientras sigan existiendo esos incentivos, nada va a cambiar.”
