Texto: Ronna Rísquez / Edición: Josefina Salomón / Ilustración: Sergio Ortiz Borbolla
Karol Noroña huyó de Ecuador el 23 de marzo de 2023, cuando le advirtieron que sería asesinada. En los últimos meses ya se le han unido otros cuatro periodistas que huyeron del país tras ser amenazados por grupos criminales o recibir presiones del gobierno. Sus casos muestran el impacto menos visible de las acciones de los grupos armados en Ecuador, y los retos que afrontarán las próximas autoridades para garantizar la libertad de expresión.
Las revelaciones hechas por Noroña durante sus coberturas sobre los grupos criminales que controlan el sistema carcelario ecuatoriano incomodaron a diversos sectores. Varias de sus fuentes le alertaron que la orden era matarla, por lo que la periodista, que trabaja para el medio digital GK, decidió abandonar el país.
Ella no ha sido la única que ha tenido que escapar. Desde su salida hasta mediados de agosto de 2023, al menos otros cuatro periodistas se han visto forzados a salir de Ecuador para proteger sus vidas, luego de publicar investigaciones que denunciaban casos de corrupción o la connivencia entre instituciones del Estado y el crimen organizado.
En abril, la Fundación Periodistas Sin Cadenas reportó el exilio de “otra persona periodista” –cuya identidad no fue revelada por seguridad. “La víctima ha recibido reiteradas amenazas que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de Comunicación, del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, desde hace ocho meses. Sin embargo, ninguna de esas instituciones ni sus distintas autoridades han atendido su caso…”, dice una nota publicada por la organización que promueve la defensa del periodismo en Ecuador.
En otro caso, el 21 julio, abandonaron el país los periodistas y fundadores del medio digital La Posta, Andersson Boscán y Mónica Velásquez. Fueron amenazados luego de destapar una trama de corrupción que presuntamente involucra a un familiar del presidente Guillermo Lasso y al crimen organizado.
Otra periodista que salió de Ecuador luego de recibir amenazas y sufrir un presunto ataque contra su vida es Lissette Ormaza. El 20 de junio, Ormaza manejaba desde su casa en La Concordia a la ciudad de Santo Domingo, en el noroeste del país, cuando una camioneta sin placas le hizo perder el control de su vehículo, que volcó al lado de la ruta, de acuerdo con una denuncia publicada por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés). A los dos días, Ormaza recibió un mensaje de un usuario que no conocía en su cuenta de Facebook, que decía: “Ahora sabes de lo que somos capaces. Tu periodismo no nos asusta y la próxima vez, no será un accidente, será una bala en medio de tu frente.”
El ataque y la amenaza se produjeron luego de un informe en el que la periodista denunció que un accidente de autobús el 28 de mayo en el que murieron dos pasajeros había sido causado por fallas en los frenos del vehículo, que no habían sido revisados.
A los casos de exilio se suman el envío de material explosivo a diversos medios y periodistas, “y 96 ataques a la prensa en los cuatro primeros meses del año”, según reportó Fundamedios, una organización no gubernamental encargada de registrar y atender las agresiones contra reporteros.
La situación viene empeorando. Ecuador retrocedió 12 puestos en la Clasificación de la Libertad de Prensa de la organización Reporteros Sin Fronteras publicada en 2023, respecto a la de 2022, pasando de la posición 68 a la 80, de los 180 países analizados.
Presión gubernamental, autocensura y asesinatos
Para muchos expertos, incluida Noroña, que ha dedicado su trabajo periodístico a la cobertura del crimen organizado, la señal de alerta más contundente sobre el riesgo de ejercer el periodismo en Ecuador ocurrió en 2018. “Es importante recordar el asesinato de mis amigos periodistas Javier (Ortega), Paúl (Rivas) y Efraín (Segarra), además de otros civiles y militares ocurridos entre marzo y abril de ese año”, mencionó la reportera, que para ese entonces trabajaba en el diario El Comercio, medio al que pertenecía el equipo de periodistas asesinados.
Los reporteros fueron secuestrados y asesinados por un grupo de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liderado por Walther Patricio Arizala, alias “Guacho”, cuando realizaban una investigación periodística en la provincia de Esmeraldas, en la frontera entre Ecuador y Colombia. “Pese a que era un caso emblemático no se activó ninguna condición especial. Hubo un encubrimiento de ambos expresidentes (Lenín Moreno y Gustavo Duque) desde Ecuador y desde Colombia”, dijo Noroña a In.Visibles.
“El secuestro y asesinato de los periodistas del diario El Comercio, y las negociaciones de los Gobiernos que buscaban su liberación, permanecen llenos de contradicciones, vacíos y preguntas sin respuestas”, publicó La Liga contra el Silencio meses después del crimen, cuando un equipo periodístico transnacional indagó sobre los hechos. Aunque no hubo respuestas claras, sí quedó al descubierto la negligencia de las autoridades y una serie de fallas institucionales, que hoy persisten. Noroña señaló que los expedientes del caso no han sido desclasificados y permanecerán en reserva por cinco años más.
Desde entonces, la opacidad gubernamental sobre el caso y la falta de voluntad institucional para esclarecer este crimen y proteger a los periodistas han sido una constante. Un año después de los asesinatos, el gobierno del presidente Moreno creó el Comité para la Protección de Periodistas, con lo que parecía reconocer que era necesario crear una instancia que velara por la seguridad de los comunicadores. Pero en 2020 el medio GK cuestionó la efectividad de esta instancia y reportó que solo se había activado en dos ocasiones, pese a que en el mismo periodo se reportaron 115 agresiones a periodistas.
“Ese Comité solo existe en papel, en la práctica no ha servido para nada. No tienes una entidad a dónde acudir. Una persona periodista que denunció ocho veces fue revictimizada y tuvo que dejar el país”, aseguró Noroña, unos días después del homicidio del candidato presidencial y periodista, Fernando Villavicencio. Ella desea regresar a Ecuador, pero dice que no cuenta con las garantías para ejercer el periodismo.
“El grupo armado que me amenazó tiene potestad para operar dentro y fuera de cárceles. Cuentan con un blindaje criminal y con blindaje estatal, del sistema judicial y la policía. Entonces para mí la denuncia no se convirtió en una opción, el sistema de testigo protegido en Ecuador es insuficiente. En Ecuador no existe garantía para el ejercicio periodístico. No hay un organismo que realmente se preocupe por lo que está pasando”, aseguró la reportera.
La debilidad institucional por falta de recursos y capacitación es otra de las razones que limitan al Estado para brindar seguridad a la ciudadanía. Como reportó In.Visibles, la violencia ha aumentado a niveles récord desde 2016, con una tasa de homicidios que alcanzó los 25,9 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2022. La cifra sitúa a Ecuador entre los países más violentos de América Latina, superando a Brasil y México.
Un investigador y consultor en seguridad que trabaja en Ecuador explicó a In.Visibles que en ese escenario de violencia, los cuerpos de seguridad tienen una serie de carencias que los colocan en desventaja frente al crimen organizado. “No tienen las armas necesarias, ni equipamiento y ni suficientes funcionarios capacitados. Ese es otro de los problemas”, dijo el experto, que solicitó que no se publicara su nombre para preservar su seguridad.
Los periodistas están en la primera línea en este conflicto. “Hay dos [elementos] centrales: una crisis de seguridad que expone a los periodistas a violencias, y digo violencias en plural porque son violencias de distintas formas y orígenes. […] Y por otro lado, esta situación ocurre en un momento de incertidumbre política en la que es muy importante que las distintas instituciones y partidos políticos, que entienden sus distintas visiones de Ecuador, coinciden en identificar este problema y en las soluciones para resolverlo,” explicó Carlos Martínez de la Serna, director de programas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) a LatAm Journalism Review.
En este contexto, la respuesta de algunos medios y periodistas para protegerse de estas violencias ha sido la autocensura y el abandono de la cobertura de temas riesgosos, especialmente en las zonas con mayor presencia de grupos criminales y en las provincias fronterizas, como Esmeraldas y la frontera sur. “Los colegas tienen que callarse sí o sí, o entregar información a medios internacionales. Si me pasó a mí que estaba en Quito, a ellos (los que trabajan en el interior del país) con más razón”, comentó la reportera Karol Noroña.
Los periodistas también han vuelto a experimentar agresiones verbales, amedrentamiento y amenazas de demandas judiciales, tal como lo vivieron durante el gobierno del presidente Rafael Correa. Inhibirse en el ejercicio de sus funciones para evitar acciones legales se convirtió en uno de los mecanismos de defensa de los medios.
En este escenario espinoso y complejo, el gobierno del presidente Lasso presentó una nueva Ley de Comunicación en noviembre de 2022. La norma fue anunciada en la cuenta oficial de la secretaría de comunicaciones del Gobierno como “¡Una victoria para el Ecuador Democrático”. Sin embargo, el gobierno no se ha manifestado sobre la situación que enfrentan los medios y tampoco ha atendido las denuncias de los cinco periodistas exiliados.
¡Una victoria para el Ecuador Democrático! 🇪🇨
— Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) November 11, 2022
El Gobierno Nacional mandó la nueva Ley de Comunicación al Registro Oficial. “Queremos una sociedad libre para pensar y expresarse. Porque mientras la palabra sea libre, habrá democracia”, @LassoGuillermo. pic.twitter.com/H5l1n95La6
Mientras tanto, los periodistas buscan sus propios mecanismos de protección: “Yo quiero regresar. Pero intento decirles a mis colegas que no podemos solos. Debemos articularnos a nivel nacional e internacional”, dijo Noroña.
