Ecuador: “La lógica criminal se mueve más rápido que la gubernamental”

La experta Glaeldys González Calanche arroja luz sobre el complejo rompecabezas en el que se ha convertido Ecuador. Explica el impacto de la ola de violencia, la crisis penitenciaria, el auge del narcotráfico y la corrupción endémica que sacuden a un país antes considerado como “la isla de la paz” y evalúa el abordaje del gobierno.

 

Por: Eva Fernández   Ilustración: Sergio Ortiz Borbolla 

Conversamos con Glaeldys González Calanche, fellow del programa de América Latina del International Crisis Group, y profundizamos en los factores que han desencadenado la reciente ola de violencia en Ecuador.  Explicó que abordar estos desafíos requiere una respuesta integral que tenga en cuenta no solo la seguridad, sino también las causas subyacentes de esta crisis, como la desigualdad social y la corrupción, así como la importancia de cooperación internacional para enfrentar las redes delictivas transnacionales.

Eva Fernández Martín (EFM): ¿Cuáles han sido los detonantes de la reciente ola de violencia en Ecuador?

Glaeldys González Calanche (GGC): Hay tres elementos clave: El primero es el nuevo rol que adquirió Ecuador en el mercado de drogas, el  segundo tiene que ver con el nivel de fragmentación y atomización del mundo criminal ecuatoriano y el tercero es la crisis penitenciaria. 

Por su ubicación, Ecuador ha sido históricamente país de tránsito de drogas, pero hace una década empezó a adquirir un papel más importante en la cadena de suministro, sobre todo en lo que tiene que ver con el almacenamiento y el procesamiento. Esto se dio en el contexto de un auge de la producción de cultivos de coca en Colombia que llegó a un punto máximo en el 2021 e, internamente, mejoras en la infraestructura vial, que conecta muy bien a todo el país, que es algo que estos grupos criminales ven como muy positivo. Además, está el tema del sistema financiero, la dolarización en Ecuador y unos niveles de investigación muy bajos. 

El mundo criminal, sobre todo los grupos colombianos de la frontera y también de México, ven en esto un espacio propicio y empiezan a entrar y a vincularse con grupos locales ecuatorianos. 

Además, a nivel interno ocurre un suceso que me parece como un hito que es el asesinato, a finales del 2020, del líder de Los Chorneros, alias Rasquiña. Desde los 90s los Choneros habían sido el grupo hegemónico, los que controlaban y dictaban las pautas del mercado de venta de drogas. Trabajaban en alianza con grupos más pequeños que les servían para cumplir algunas tareas como el sicariato. Esa suerte de armonía que existía se quiebra cuando alias Rasquiña es asesinado y comienza la disputa del liderazgo del grupo. Además, las facciones más pequeñas empiezan a disputarle territorios a los Choneros, espacios dentro de las prisiones, zonas estratégicas para tráfico de drogas, como entradas a ríos, accesos a los puertos. Todo esto sin una estructura estatal que pueda responder.  

Este ha sido un tema transversal a la crisis de seguridad porque la economía está muy debilitada y las operaciones que requieren mantener a las fuerzas armadas en las calles requiere un gasto muy grande, mientras las autoridades dicen que no hay dinero.

EFM: Las dinámicas carcelarias han jugado un papel muy importante en este contexto…

GGC: Las cárceles son los centros de operación desde donde estos grupos manejan el negocio del crimen organizado y donde pueden nutrir sus filas. Son muy importantes por todo lo que significa y porque sigue siendo un espacio donde el Estado no tiene soberanía. 

Es ahí donde se da el primer quiebre y atomización de las organizaciones. Las organizaciones se dividían los pabellones de acuerdo a los grupos, cuando los Choneros se fragmentó, comenzó la disputa por esos controles. Controlar los pabellones significa también controlar alguna parte del negocio interno, que se traduce en lo que ocurre en el exterior, y también tener espacio para ellos ir alimentando sus filas. 

EFM: ¿Qué se debería hacer con respecto al tema penitenciario? 

GGC: Lo que se necesita ahí es retomar el control de las cárceles, atender la corrupción tanto de la institución que ha controlado las prisiones de los últimos años, que es el SNAI, que está completamente plagado, sobre todo los funcionarios de nivel base, porque reciben sueldos muy bajos y ya en las cárceles se ven como obligados también por los grupos para ser permisivos, por ser objeto de represalias ellos y sus familias. 

También hay muchas fallas a nivel de infraestructura, sobre todo en lo que respecta a tecnología. Casi ninguna de estas prisiones tiene escáneres de metales entonces ahí entra cualquier cantidad de armamento, incluso armamento pesado que viene hasta de las fuerzas armadas. 

Además está el tema del hacinamiento. Los encarcelamientos masivos pueden tener un efecto contrario al que se busca y  otra cosa ya como con más con una mirada social es la falta de programas de rehabilitación, de formación a las personas estando en las cárceles de algún oficio, como para que no vuelvan a caer en las filas de las organizaciones criminales. 

EFM:¿Qué papel juega el contexto económico adverso en las dinámicas criminales? 

GGC: Este ha sido un tema transversal a la crisis de seguridad porque la economía está muy debilitada y las operaciones que requieren mantener a las fuerzas armadas en las calles requiere un gasto muy grande, mientras las autoridades dicen que no hay dinero. 

Este gobierno ya enfrentaba un déficit fiscal, la situación climática les ha afectado muchísimo en las últimas semanas. Entonces son todos como problemas que se van acumulando y que pueden significar un gran obstáculo para avanzar en las propuestas de seguridad que se tienen. El gobierno ha hablado mucho de que lo que están planteando es una política integral, que no solamente es esta mirada militarizada, pero a falta de recursos no va a poder avanzar en los otros campos que son económicos y sociales como atender las causas de base de la violencia.

Hay otros temas que se tienen que atender a la par y que no son de seguridad netamente, como fortalecer el aparato judicial que se ha visto debilitado por la corrupción, lo que ha permitido que entre el crimen organizado. También hay que fortalecer la infraestructura general, las agencias de inteligencia y las políticas sociales y políticas económicas para evitar que más personas caigan en la pobreza. 

EFM: Has mencionado la corrupción como otro elemento clave de la situación actual…

GGC: La corrupción es una situación que ya tiene más de media década, aunque hemos visto algunos avances significativos desde finales del año pasado que los lidera la fiscalía para sacar a la luz estos entramados. 

La corrupción está muy extendida en el aparato estatal y este desprestigio que genera ha servido para que las políticas de “mano dura” tengan apoyo, incluso que haya tolerancia hacia violaciones de derechos humanos. “La gente ya no puede más, esta es la única manera,” esa narrativa ha calado muchísimo.

En cambio, una persona que venga y te diga, mira, esto va a tomar años y hace falta muchísimos esfuerzos también en inversión social, sobre todo en comunidades que están completamente desprotegidas. Ese discurso no va a calar. La lucha anticorrupción también es una lucha de largo plazo.

También hay un tema de formación, de capacitación, de especialización en esto que es muy importante y ahí entra también una parte de cooperación internacional, apoyar a estos cortes locales, a estos jueces, y también eso va a generar para crear más equipos y más personas capacitadas. 

EFM: Con respecto a la estrategia actual ¿Qué ha funcionado y qué no durante estos tres meses?

GGC: Hasta ahora los esfuerzos se han concentrado en reducir las tasas de homicidio y sí ha habido una ligera reducción, pero no en todas partes – Guayas, por ejemplo es una de las zonas donde no ha habido mucha mejora, lo que ha mostrado los límites de estas medidas. 

Lo otro que estoy viendo es que los grupos criminales están moviéndose a otras zonas donde no había violencia y donde no tenían presencia, ajustándose a las (nuevas) condiciones. Me parece muy preocupante que no haya habido una atención a otros tipos de crímenes que afectan más directamente a la comunidad y pasan desapercibidos y que han registrado un aumento exagerado estos últimos meses como es el tema de las extorsiones y los secuestros. La lógica criminal se mueve mucho más rápido que la gubernamental.

No veo que las medidas tengan una mirada de largo plazo. Me preocupa también que aunque están hechas para momentos de emergencia y para situaciones críticas, se conviertan en un estado de cosas permanentes, con limitaciones de derechos. Ya ha habido muchas alarmas sobre todo en estas redadas que se han hecho y en el contexto de las prisiones, pero hay mucha preocupación de que esto después se convierta en una problemática más general. También que estos poderes especiales que se les ha otorgado sobre todas las fuerzas armadas y a la policía que puedan actuar con impunidad sin enfrentar juicios por la excepcionalidad del contexto.

EFM: ¿Qué rol juegan otros países en la situación de Ecuador? 

GGC: La cooperación regional tanto para atender el tema de Ecuador como para frenar el crimen organizado y la violencia que está ligada con él es esencial. Actualmente Ecuador está mirando mucho a Colombia, a su vecino, con quien ha habido avances en materia de cooperación militar, y eso me parece muy importante, sobre todo en lo que respecta a intercambio de información para que agencias puedan trabajar en conjunto, y sobre todo con un tema de seguridad en fronteras.

El tema de  México, sin embargo, se puede ver como un obstáculo en estos esfuerzos más amplios, especialmente teniendo en cuenta lo que representa ese país en todas estas redes transnacionales de narcotráfico. Estos quiebres lo que hacen es perjudicar que se pueda consolidar una línea directa para buscar atender el problema de forma conjunta en cuestiones de  

intercambio de información, el tema aduanero. 

La entrevista ha sido resumida y editada para mayor claridad.