Por: Josefina Salomón Ilustración: Sergio Ortiz Borbolla
Calles vacías, escuelas cerradas, bares y restaurantes con las persianas bajas, recolección de residuos suspendida. Corrían los primeros días de marzo y la población de Rosario, la tercera ciudad más importante de Argentina, se había autoimpuesto un toque de queda, un estado de sitio. No era para menos. Cuatro personas – dos taxistas, un colectivero y un trabajador de una gasolinera– habían sido baleadas, a plena luz del día, en una semana. También hubo amenazas. “Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos,” leía la nota que arrojaron desde un auto a la puerta de la casa que usa el futbolista Ángel Di María cuando visita su ciudad natal. La casa está dentro de un barrio privado, con seguridad. El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, que tomó posesión en diciembre con una agenda de mano dura, también fue amenazado. Mientras la ciudad retomó una cierta normalidad, las preguntas sobre el futuro, abundan.
¿Por qué ocurre todo eso y qué tan efectivas son las propuestas del gobierno?
Hay 10 datos clave para entender Rosario:
1.Ubicación Estratégica. Lugar de nacimiento de la bandera nacional, el Che Guevara y Lionel Messi, Rosario está ubicada a unos 300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, y con casi 1.4 millones de habitantes es la tercera ciudad más importante de Argentina. Es hogar de 30 puertos del río Paraná, la principal ruta hídrica de comercio del país, desde donde se transportan desde alimentos a granos y, claro, cocaína, con destino a Europa y Asia. Un creciente sector inmobiliario y de producción agropecuaria la hacen, además, ideal para el lavado de dinero.
2.Cinco Veces. La tasa de homicidios de Rosario —22.1 cada 100.000 habitantes, según los datos más recientes de la Policía de Santa Fe – es cinco veces más alta que la nacional de 4.31 por cada 100.000 habitantes. Alrededor del 70 por ciento de los homicidios está ligado de alguna forma al narcotráfico, según un estudio de Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), que también concluyó que más de la mitad está concentrado en el 12% más pobre de la ciudad. De hecho, menores de 18 años y mujeres han sido los dos grupos cuyos asesinatos aumentaron marcadamente en los últimos años, según un análisis de la periodista Arlen Buchara de ElDiarioAr.
3.Clanes. Son una decena de grupos familiares que controlan el negocio del microtráfico de drogas, entre los que destacan Los Monos y los Alvarado, según una investigación del Ministerio Público de Santa Fe en 2022. A pesar de que la mayor parte de los líderes de los grupos están tras las rejas, desde allí coordinan franquicias a través de las que “venden” el derecho a comercializar drogas en alguna de las zonas que controlan y una red de funcionarios, policías y hasta personas ligadas al mundo financiero que permiten que el negocio funcione. Se estima que estos grupos recaudan hasta US$ 100 millones anuales.
4.Cárceles. Son la pieza clave de la estrategia de seguridad del gobierno. De hecho, la población carcelaria se multiplicó en la última década, así como las denuncias de malos tratos. Las prisiones también son clave para el funcionamiento de las bandas criminales y el lugar desde donde los líderes coordinan la venta de drogas y armas y ordenan asesinatos y secuestros. Unos días antes del comienzo de la ola de asesinatos, el gobierno de Santa Fe difundió imágenes de una requisa sorpresa en la cárcel de Piñero. Las fotos mostraban una fila de presos con el torso desnudo, sentados en fila en el piso, con las manos atadas y mirando al suelo. A su alrededor, policías armados. La foto parecía sacada directamente del manual de seguridad de Bukele. En el posteo de Instagram, el ministro de seguridad de la provincia escribió “Cada vez la van a pasar peor”.
5.Anomalía Narco. Mientras el mercado del narcotráfico no es exclusivo de Rosario, el nivel de la violencia que genera si lo es. ¿Por qué se da eso? Una de las razones es el grado de colusión entre los grupos criminales y funcionarios, particularmente la policía estatal, quienes permiten que se ejerza la violencia. Son quienes liberan zonas, permiten el funcionamiento de los grupos desde la cárcel y facilitan el lavado de dinero. Expertos dicen que la nueva ola de violencia en Rosario está dejando al descubierto nuevas dinámicas criminales, incluyendo un posible acuerdo entre grupos criminales. Otro elemento que le da fuerza a esta hipótesis es la experiencia de otros países donde las cárceles se convirtieron en espacios donde varios grupos conviven y acaban formándose alianzas en lo que exigen mejoras en las condiciones de detención, como ocurrió con el Primer Comando Capital en Brasil.
6.Plan Bandera. Es la estrategia que el gobierno federal, liderado por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, lanzó acompañada del gobernador Pullaro en diciembre. El plan prevé el trabajo de fuerzas federales con provinciales y un fuerte enfoque en la expansión de las cárceles, con pabellones de máxima seguridad exclusivos para líderes de grupos criminales, la introducción de celdas de aislamiento. Además, recortaron las posibilidades de visitas y comida que pueden recibir los presos de alto perfil. Pullaro, también está promoviendo cambios en el Código Procesal Penal, incluyendo la posible extensión de la prisión preventiva a 35 días. Tras la ola de homicidios, el gobierno anunció el envío de las Fuerzas Armadas para apoyo logístico y, hasta el momento, imputaron a más de una docena de personas. Mientras tanto, el gobierno federal anunció que enviará una nueva propuesta de Ley de Seguridad Interior que permita, entre otras cosas, que las fuerzas armadas tomen mayores tareas de seguridad interior.
EL FUTURO
La complejidad de la situación de Rosario requiere un abordaje completo que tenga en cuenta lo que ha fracasado y las complejidades generales del contexto, incluyendo:
7.La militarización no funciona. México, Colombia y Brasil ofrecen algunos trágicos ejemplos de lo que puede ocurrir cuando se envía a militares a hacer tareas de seguridad interior, para las que no están preparadas y para quienes no existen mecanismos objetivos de rendición de cuentas cuando se cometen abusos. Hasta la vicepresidenta Victoria Villaruel – quien es una ardua defensora de las fuerzas militares, y en particular de quienes están presos por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la más reciente dictadura cívico-militar Argentina—está de acuerdo. “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. El narco es un civil para el derecho”, dijo en una entrevista.
8.Depuración real de la policía. El alto nivel de corrupción policial es citada como la principal barrera en la lucha contra el narcotráfico en Rosario. Un abordaje efectivo requiere no sólo la investigación de policías corruptos sino una depuración de las prácticas y políticas que permiten, y facilitan, este alto nivel de corrupción.
9.Inversión en capacidad investigativa. El narcotráfico es un delito complejo cuya investigación requiere atención especial y en particular en lo relacionado con la ruta del dinero, las personas a cargo de ingresar ganancias ilegales al mercado financiero legal. En una entrevista con ElDiarioAr, Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, dijo: “El problema no es a cuántas personas se detiene sino a quiénes se detiene, y para eso el Ministerio Público tiene que llevar adelante una persecución estratégica, inteligente, orientada a los eslabones de los mercados criminales que puedan afectar su rentabilidad”.
10.Más, no menos, Estado. Esto significa mayor inversión en escuelas, bibliotecas, hospitales, anfiteatros, es decir, estrategias de pacificación que desplacen a grupos criminales y brinden a las juventudes locales alternativas reales y sostenibles. Medellín, que logró bajar su tasa de homicidios, en parte con una estrategia de este tipo es un buen ejemplo de la efectividad de este abordaje. Argentina, sin embargo, está tomando el camino opuesto, desmantelando el Estado de Bienestar y la contención social. La deslegitimación de movimientos sociales, que cumplen, en la práctica, el rol del Estado en esos ámbitos no hace más que abrir la puerta a los grupos criminales.
