Texto: Josefina Salomón
Además de alimentar la violencia, los mercados de armas ilícitas, facilitados por la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, funcionan como vehículos para otras economías ilegales, como el tráfico de drogas, y delitos como los femicidios.
Sabrina Calandrón, socióloga, antropóloga e investigadora del CONICET dice que, en Argentina, la retracción del Estado está facilitando la expansión de este tipo de mercados y la forma en la que la violencia que genera afecta a las mujeres.
Hablamos con Calandrón – quien liderará un panel sobre tráfico de armas y género en el seminario internacional organizado por Amassuru “El crimen organizado en América Latina desde un enfoque feminista” el 22 de noviembre – sobre la situación actual y las perspectivas a futuro.
In.Visibles (IV): ¿Cómo describirías las dinámicas actuales de tráfico de armas en América Latina y el rol de las mujeres en ese contexto?
Sabrina Calandrón (SC): Aunque hay pocas cifras oficiales, sabemos que existe un mercado ilegal muy amplio alrededor de las armas. Podemos decir, en términos generales, que por cada arma registrada hay entre dos y tres armas no registradas o ilegales que son utilizadas en muchos contextos de crimen diferente, incluyendo en el crimen organizado, con dinámicas que varían mucho según los países. La mayor parte de las armas no registradas de nuestro país provienen de la provincia de Buenos Aires.
IV: ¿Cómo se dan esas dinámicas en Argentina?
SC: En Argentina el fenómeno de las armas también es un fenómeno complejo, que tiene varias aristas y cuestiones a tener en cuenta. Tenemos que analizar la conexión entre el tráfico de armas y los mercados ilegales que cruzan las fronteras, incluyendo el tráfico de drogas, la composición, la formación, el desarrollo de trabajo de las fuerzas de seguridad, que es un lugar de donde muchas veces salen las armas que alimentan los mercados ilegales. Y en Argentina también hay que prestar mucha atención a lo que fue pasando con los planes de desarme que se impulsaron durante algunos años, tuvieron más o menos algún éxito y luego se descontinuaron.
IV: Mencionaste el tema de las fronteras. ¿Cuáles eran los principales países de origen para el mercado ilegal de armas en Argentina?
SC: No podría responderte eso con certeza. Según algunos datos, hay una movilización a través de países latinoamericanos de armas que llegan por vía terrestre, con lo cual sabemos que las armas provienen de países cercanos. Y de nuevo, la movilización de algunas armas del Estado, podríamos decir, que pasan de manos de las fuerzas a alimentar ese mercado de armas ilegal.
IV: Has estudiado el impacto que tiene el tráfico de armas en las mujeres. ¿Qué podrías contarnos sobre eso?
SC: Si. Lo que vemos ahí es que el principal impacto tiene que ver con el uso de armas de fuego, muchas veces ilegales, no registradas, es la violencia en ámbitos domésticos. Y como expresión más radical de esa violencia, los femicidios. Ahí el desafío es pensar, e implementar políticas públicas para el control, el registro y el desarme. La disponibilidad de armas de fuego, particularmente en el contexto de vínculos violentos, eleva muchísimo el riesgo para las mujeres.
IV: En los casos en los que las armas de las fuerzas de seguridad pasan a formar parte de mercados ilegales, el Estado está fallando ¿o es que no tiene capacidad para controlarlo?
SC: Ciertamente el Estado hoy no tiene capacidad de control. Esto está vinculado principalmente con la forma de trabajo en Argentina. Acá, cada policía, cada gendarme, cada prefecturiano, tiene un arma individualizada que se lleva a su casa. Es ahí donde hay una gran zona de peligro, donde se denuncian pérdidas, robos, etc.
Hasta hoy no se ha encontrado o no se ha desarrollado una la forma de generar un control eficaz de las armas de fuego. Hay apenas algunas pruebas en algunos lugares muy específicos, en alguna fuerza muy específica o de algún tipo de arma muy específica, pero para la mayor parte de las armas de fuego livianas, digamos, tipo pistolas, el Estado no tiene las condiciones para ejercer un control y un seguimiento de esas armas.
IV: En Argentina había un programa de entrega voluntaria de armas que fue, al menos relativamente, efectivo.
SC: Sí, de hecho, es un programa que comenzó en el año 2007 y después se fue renovando un poco producto de ese éxito. El tema ahí es que la entrega voluntaria era recompensada económicamente, entonces para llevar adelante el programa hacían falta recursos. Cuando faltaron los recursos, hace pocos años, en el 2021 aproximadamente, el programa dejó de ser efectivo. Pero en los momentos en que eso estuvo, el programa fue eficaz en dos sentidos. Por un lado, en la entrega efectiva de un arma de fuego, pero además en la exposición de la importancia y el peligro que es tener un arma de fuego en una casa.
IV: Algunos académicos plantean que Argentina se viene convirtiendo en un país atractivo para organizaciones criminales, entre otras cosas por la facilidad que existe para el lavado de dinero y la disponibilidad de mano de obra barata como consecuencia del aumento de la pobreza y la retracción del Estado. ¿Cómo evalúas la situación actual y qué perspectivas ves a futuro?
SC: Es una preocupación legítima, muy legítima, porque tal como decís, es un escenario donde se están cayendo aquellas formas de contención, atención, control de diferentes formas delictivas. Me parece que esa es la encrucijada de quienes estudian o estudiamos el estado y las dinámicas sociales, que la verdad es que esto es una especie de laboratorio, tenemos pocas herramientas conceptuales para entenderlo. Y en ese sentido, el escenario actual es muy preocupante pero todavía tenemos pocas herramientas para poder anticiparnos o para poder describir esos escenarios futuros. Y esto, con un Estado que la verdad tenemos pocos antecedentes, todavía no tenemos, me parece, las herramientas analíticas justas para poder entender qué es lo que está pasando y hacia dónde nos va a llevar. Lo que sí sabemos es que alentar un discurso a favor de que cada ciudadano se arme, propagar discursos de odio y promover políticas de blanqueo de dinero del que no sabemos su origen es una combinación extremadamente peligrosa.
Con respecto a las cuestiones de género, las políticas de género en el marco de la seguridad, que es una cuestión en la que se había avanzado, veo retrocesos. En algunos lugares clave, como el Ministerio de Seguridad de la Nación, sacaron áreas que se encargaban de la atención y seguimiento de denuncias, que históricamente se hacía en coordinación con cada una de las fuerzas de seguridad. Además, el Ministerio de Seguridad de la Nación tenía también la responsabilidad de coordinar políticas con las provincias que tienen lo que se llama la seguridad ordinaria a su cargo, con sus policías provinciales. Esa coordinación no está. Ese personal que estaba preparado para ese tipo de atenciones no está.
Ocurrió mucho en poco tiempo y eso es preocupante.
Esta entrevista ha sido resumida y editada para mayor claridad.
El seminario internacional, organizado por Amassuru: “El crimen organizado en América Latina desde un enfoque feminista” tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, el 22 de noviembre. Los detalles de suscripción y acceso a la transmisión del evento están disponibles aquí.
