Texto: Josefina Salomón Ilustración: Sergio Ortiz Borbolla
La publicación, a principios de este año, del primer informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud en el que se examina el impacto de la prohibición de las drogas es otro ejemplo de un cambio que lleva décadas gestándose. Los argumentos a favor de los enfoques de reducción de daños están ganando terreno.
Hablamos con John Walsh, Director de Políticas de Drogas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, sobre el impacto de la prohibición, incluido en la democracia en América Latina y en el medio ambiente, y lo que puede deparar el futuro.
Josefina Salomón (JS): El enfoque de la política de drogas de Estados Unidos, centrado sobre todo en la prohibición, marca la pauta para el resto del mundo, aunque las cosas parecen estar cambiando…
John Walsh (JW): Sí. En Estados Unidos, el férreo apoyo a la prohibición de las drogas ya no es lo que era. Esto se debe en gran parte a que, en el caso de la droga ilícita más consumida del mundo, el cannabis, Estados Unidos se encamina hacia alguna forma de abordaje federal a la regulación estatal del cannabis o hacia un cambio federal de la ley para adoptar una despenalización y una estructura de regulación federal. Pero el cannabis es sólo un aspecto del problema.
Cuando se trata de los daños de los que estamos hablando ahora, especialmente sobredosis y muertes, el cannabis es irrelevante. A pesar de que la administración Biden ha acogido muy favorablemente el abordaje de reducción de daños, algo inédito en EE.UU., la “guerra contra las drogas” sigue teniendo el mismo espíritu en lo que respecta a la criminalización y el encarcelamiento.
JS: ¿Cómo sería una política de drogas respetuosa con los derechos humanos, pero al mismo tiempo eficaz?
JW: Una en la que todos los países reconocieran que un comercio no regulado en el que la oferta es creada y controlada por grupos criminales no puede ser saludable ni seguro, y en la que los gobiernos, como hacen con muchas otras conductas y sustancias muy peligrosas, intervinieran y ejercieran su autoridad reguladora. Esto será diferente para los distintos tipos de drogas, cada una de las cuales tiene usos y riesgos diferentes.
No será una tarea fácil, pero lo cierto es que la alternativa, que es la prohibición generalizada que hemos tenido en los últimos 75 años, ha sido un fracaso colosal, entre otras cosas porque impide una política gubernamental sensata para abordar los daños que pueden causar las drogas mediante su regulación.
JS: ¿Cómo se llega a ese punto?
JW: Hay que dar muchos pasos en el camino hacia la regulación, algunos de los cuales ya se están dando, sobre todo en respuesta a la crisis de sobredosis en torno al fentanilo, lo que supone un reconocimiento del valor y la importancia de la reducción de daños como enfoque central para hacer frente a los daños que causan las drogas. Hay tiras reactivas, sitios de consumo seguro, fármacos para revertir las sobredosis. Hay un montón de cosas que podemos hacer que se considerarían reducción de daños y que no necesariamente reducen el consumo de drogas, sino que abordan el problema más inmediato, que es que la vida de alguien puede estar en peligro.
JS: ¿Cómo afecta la crisis del fentanilo a los debates sobre una posible regulación de las drogas?
JW: La crisis de las sobredosis de fentanilo realmente resume lo absurdo y los horrores del régimen de prohibición. Se trata de una crisis provocada por una droga muy potente cuyo suministro, incluso para quienes no la buscaban, se ha vuelto tóxico y letal.
No teníamos una gran demanda preexistente de fentanilo ilícito en Estados Unidos. Fue una invención de los grupos organizados para suministrar ilícitamente una droga que, por ser fácil de contrabandear para ellos, es más rentable.
El marco prohibicionista no ha hecho más que poner el poder de configurar ese mercado en manos de grupos criminales que tienen su propio interés en obtener beneficios y no tienen ningún interés ni ninguna responsabilidad ante los ciudadanos normales, que es precisamente lo que debería tener el gobierno.
JS: ¿Por qué hay una diferencia tan monumental en cuanto al enfoque con respecto al cannabis y a las drogas más duras?
JW: Creo que los enfoques son diferentes por varias razones. En primer lugar, el cannabis siempre se ha consumido mucho más y es una sustancia omnipresente. Puedes cultivarlo tú mismo, o sabes quién puede cultivarlo. Es algo que se ha domesticado en el sentido de que la gente lo utiliza de forma habitual, incluso por sus beneficios médicos y terapéuticos. No da tanto miedo como drogas como la metanfetamina, la cocaína y la heroína.
El cannabis es una sustancia versátil, y esa versatilidad ha llegado a ser reconocida, incluso por algunos republicanos que están a favor de la legalización.
JS: Pero en Estados Unidos también parece haber un enfoque empresarial de la producción de cannabis frente a la regulación. ¿Puede ser esto problemático?
JW: Así es. Una de las mayores preocupaciones y de los mayores fallos en la forma en que se está desarrollando la regulación del cannabis en Estados Unidos tiene que ver más con nuestra forma “empresarial comercial” de abordar todo.
En el caso de las sustancias psicoactivas, que pueden ser de riesgo, la idea de que un modelo con fines de lucro que podría terminar dominando el aparato regulador y por lo tanto debilitar los controles destinados a beneficiar al público, creo que es un error. Pero este era tan claramente el modelo por defecto que cualquier esfuerzo por corregir el rumbo va a ser muy difícil, aunque no imposible.
Si pensamos en el modelo del alcohol en términos de, por ejemplo, la cerveza. Existen empresas gigantescas que dominan el mercado pero, al mismo tiempo, hay un auge de microcervecerías. Un modelo potencial en el caso de la legalización federal es aquel en el que las grandes empresas que pueden producir algo al precio más bajo tienen una gran parte del mercado y luego hay productores más pequeños que abastecen a otras partes de ese mercado.
JS: Pero se podría argumentar que una empresa comercial no tendrá como valor la reducción de daños, un poco lo que vemos actualmente con el tabaco y el alcohol…
JW: Sí, creo que es cierto. O sea, dar demasiado poder a las empresas comerciales con ánimo de lucro para que configuren ese mercado es correr el riesgo de que pongan sus beneficios por encima del interés público por la salud pública. Y eso requeriría un enfoque regulador de la salud pública muy fuerte para asegurarse de que hacen un buen trabajo para satisfacer la demanda de los consumidores sin crear daños.
Por supuesto, están en ello para conseguir nuevos consumidores, consumidores jóvenes, y ese es el riesgo real que se deriva de un modelo comercial con ánimo de lucro.
Pero creo que también debemos reconocer las diferencias entre sustancias.
En el caso del cannabis, por ejemplo, hay muchos usos que la gente considera beneficiosos. En general, si tuviéramos que evaluar los riesgos y daños de estas diferentes drogas, incluso situándolas a ambas en un plano legal comparable, el alcohol sin duda conlleva toda una serie de problemas que no suelen asociarse con el cannabis.
JS: algunos países han experimentado con la regulación de drogas más duras. Portugal es un buen ejemplo, pero luego tenemos Oregón, donde el gobierno acabó dando marcha atrás en la regulación. ¿Por qué el modelo ha funcionado en Portugal y no en Oregón?
JW: Lo primero que hay que reconocer es que al modelo portugués se le dio tiempo a tener éxito. Además, se implantó en un momento de crisis, cuando el consumo de heroína y el VIH/sida se convirtieron en un verdadero problema. Se dieron cuenta de que tenían que hacer algo porque las cosas se estaban descontrolando y decidieron que la forma de hacerlo era asegurarse de que los consumidores de drogas no fueran estigmatizados, sino garantizarles el acceso a los servicios, incluido el equipamiento limpio. Así pues, el planteamiento de Portugal tenía una razón de ser: reducir las muertes. Además, aunque la falta de financiación ha perjudicado su enfoque, Portugal tiene una red de seguridad social mucho más coherente y que funciona mejor que la de Estados Unidos.
Por el contrario, si nos fijamos en lo que ocurrió en Oregón, aunque sí cumplió su intención de poner fin a la criminalización manifiesta de los consumidores de drogas, no pudo por sí sola hacer todas las demás cosas. Además, en Oregón se produjo una tormenta perfecta creada por la combinación de una falta de red de seguridad social para empezar, acentuada por la pandemia, que acentuó una crisis de la vivienda, que se disparó ante la opinión pública con la llegada del fentanilo y las muertes por sobredosis. En mi opinión, la despenalización en Oregón no tuvo ninguna chance porque la política cambió muy rápidamente.
JS: Me pregunto, incluso si se quiere regular, ¿cómo se podría trasladar el suministro de las organizaciones criminales a otros actores legales y responsables?
JW: Bueno, en primer lugar, se necesita voluntad política. Líderes electos que hablen y reconozcan que nuestro enfoque actual es un desastre para nuestros ciudadanos y nuestro país y para países de todo el mundo.
En última instancia, necesitamos líderes políticos como la alcalde de Ámsterdam, que ha hablado abiertamente de la necesidad de regular la cocaína, por ejemplo, que está causando verdaderos problemas de seguridad en Holanda.
Nos estamos quedando atrás con respecto al ritmo al que el mercado ilegal, por sus propios incentivos de lucro, está creando mercados de drogas tóxicas. Creo, y así ha ocurrido en Canadá y hasta cierto punto en Estados Unidos, que las autoridades de salud pública hablan muy claramente de la necesidad de regular la oferta. No porque la idea sea poner los medicamentos a disposición de todo el mundo, sino sabiendo que están disponibles para que sean más seguros de lo que son ahora.
JS: Entonces está diciendo que intentar contener el flujo de drogas no tiene sentido…
JW: Mientras pretendamos que podemos controlar la disponibilidad (de drogas ilícitas) usando las fuerzas de seguridad, fracasaremos. Las drogas llegarán porque para las organizaciones criminales tomar riesgos vale la pena de cara a las potenciales ganancias, los incentivos son muy grandes.
La criminalización no funciona para restringir y eliminar el mercado. La cuestión es cómo podemos pasar de ese modelo y esa mentalidad a una mentalidad que diga que el control de la oferta, la producción y la disponibilidad debería estar en manos de las autoridades gubernamentales, idealmente autoridades gubernamentales democráticas y responsables.
Este será un problema creciente, especialmente en América Latina, donde el monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza ha sido históricamente débil. Es un problema que se está agravando por la expansión de las redes de narcotráfico, su consolidación y coordinación y la forma en que está alimentando otras actividades ilegales y lícitas que son básicamente extractivas que destruyen el medio ambiente y socavan la gobernabilidad en general, ya sea mediante la cooptación de funcionarios e instituciones gubernamentales que los intimidan o simplemente gobernando territorios.
Son problemas que no se resolverán en su totalidad regulando la producción y la disponibilidad en los mercados de drogas, pero será un buen paso.
Esta entrevista ha sido resumida y editada.
