Texto: Josefina Salomón Ilustración: Sergio Ortiz Borbolla
“Atención a las causas y cero impunidad”, así resumió –palabras más, palabras menos– su estrategia de seguridad la nueva presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, en su discurso tras obtener casi el 60% de los votos en las elecciones más grandes de la historia de México el 2 de junio.
Los detalles sobre el abordaje que la representante de MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) le dará a la seguridad han sido escasos durante toda la campaña. Lo que se sabe es que, siguiendo los pasos de su predecesor y mentor político Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la nueva gestión priorizará, entre otros, la consolidación de la Guardia Nacional –una fuerza de seguridad militarizada que reemplazó a la policía federal en 2019–, la inversión social para atender lo que describen como algunas de las causas del involucramiento de jóvenes en organizaciones criminales y la capacidad de investigación.
Aunque los problemas de seguridad en México no son nuevos, la tarea que enfrentará Sheinbaum es, como mínimo, monumental.
Primero en la lista está la altísima tasa de homicidio, la que aunque ha registrado una baja, refleja una acumulación de muertes violentas récord en los últimos seis años, según el informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los expertos dicen que las cifras reales pueden ser aún más altas. Es que cada vez más fallecimientos se registran como “sin causa” y, en muchas zonas del país, las desapariciones forzadas, que se calcula están cerca de 100.000, no paran de aumentar, igual que los secuestros y la extorsión, todos crímenes vinculados con el accionar de organizaciones transnacionales.
Detrás de esta violencia se encuentran las cientos de organizaciones criminales y pequeñas entidades que ejercen un control casi absoluto en algunas zonas del país, frente a instituciones que no pueden, o quieren, hacer nada para detenerlas.
Tiziano Breda, coordinador asociado de análisis para América latina en ACLED, dice que hay tres factores que explican la fortaleza de las organizaciones criminales, y lo difícil que es abordarlas.
“En primer lugar, los grupos que luchan por el control de ciertos territorios y actividades ilícitas se han multiplicado. Además, han diversificado su portafolio económico más allá del tráfico de drogas y ahora controlan la minería ilegal, la extorsión, el robo de combustible y eso lleva a que se multipliquen las víctimas y que sea más difícil protegerlas. Por último, las organizaciones criminales que ya llevan muchas décadas operando en el país han penetrado de manera muy evidente en todos los niveles del Estado, ese es el mayor desafío”, explicó a In.Visibles.
Ante este panorama, ¿es posible que el combo inversión social, guardia nacional e investigación funcione? Expertos en dinámicas criminales en México tienen dudas sobre el “Plan Sheinbaum”. Esto es lo que nos dijeron:
La Guardia Nacional cuenta con unos 120.000 efectivos en todo el país y ha sido una de las principales herramientas del gobierno de AMLO para luchar contra el crimen organizado. Sheinbaum no solo le dará continuidad sino que prometió expandir la fuerza, concentrar personal en las zonas más violentas del país y fortalecer la coordinación institucional entre el nivel federal y de los estados.
La nueva presidenta y su entorno confían en que podrán replicar la estrategia que implementaron en la Ciudad de México que contribuyó a la reducción de la tasa de homicidios durante su gestión entre diciembre de 2018 y junio de 2023.
El problema, dice Carlos Zazueta, abogado y experto en derechos humanos y seguridad, es que las estrategias para combatir el crimen son muy dependientes de los contextos y que, aun dentro de un mismo país, son difíciles de replicar.
“Las realidades de cada localidad son distintas, incluyendo la capacidad de vigilar el territorio. La Ciudad de México, pese a que es gigante, es una ciudad y está claramente hiper vigilada con miles de cámaras. Y no es lo mismo que en el resto del territorio nacional, que puede ser complicado, agreste, con muchos lugares a donde no puedes entrar,” explica.
La Guardia Nacional, además, ha sido criticada por concentrar esfuerzos en vigilar a personas indocumentadas y cometer violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.
“La intención era que, al militarizar la seguridad, podrían tener mayor control territorial y disminuir la corrupción, pero eso no ha ocurrido”, explica Zazueta. “Ha habido muchos abusos, masacres, ejecuciones, extrajudiciales, extorsiones. Con la Guardia Nacional no se han logrado cambiar los hábitos típicos de este tipo de operadores y ahora, con más herramientas, solo han logrado multiplicar la violencia. Ahora la gente se tiene que cuidar del narco y de la extorsión de la Guardia Nacional”.
La expansión de esta fuerza se dio a la par del aumento del control territorial de las organizaciones criminales que en estados como Michoacán, Colima y Guerrero ya casi han tomado el rol del Estado, adoptando nuevas formas de ejercer la violencia, incluyendo por medio de desapariciones forzadas.
Cecilia Farfán-Méndez, investigadora del Instituto sobre Conflicto Global y Cooperación de la Universidad de California, dice que estas son una forma de violencia adicional que tiene como objetivo sembrar miedo y mostrar poder.
“Lograr desaparecer a una persona es, de alguna manera, un acto simbólico muy poderoso dentro de una comunidad y me parece que los niveles de impunidad que tenemos en el país también generan esta sensación de que tú puedes delinquir y no hay consecuencias”, explica.
Frente a la expansión del control de las organizaciones criminales y la falta de capacidad, o voluntad política, de respuesta, la ciudadanía comenzó a adoptar estrategias propias. Desde pequeños comerciantes en la Ciudad de México que discuten cómo enfrentar las extorsiones hasta miembros de la iglesia que se sientan a negociar con narcos en Guerrero, cada uno parece estar tomando la iniciativa.
Durante sus seis años de gestión, AMLO, mientras tanto, encolumnó a su partido detrás del slogan “abrazos, no balas” que promueve un abordaje a la seguridad que, a través de la inversión en programas sociales apunta a alejar a los jóvenes de los brazos de las organizaciones criminales que los reclutan como “mano de obra barata”.
Los expertos consultados dicen que, a pesar de que la inversión en programas sociales es positiva y que la estrategia económica de AMLO ha contribuido a reducir la pobreza, este abordaje de seguridad simplifica el problema – además de la ironía de promover este programa a la par de la expansión de la militarización.
“Lo que hemos visto es que los jóvenes que llegan al crimen organizado no llegan solo por un tema de ingresos, sino por una cantidad de factores y es importante abordarlos a todos”, dice Farfán-Méndez.
Zazueta explica que algunas de las otras razones están relacionadas con la violencia, personas que son forzadas a ingresar al narcotráfico a través de amenazas a ellos y a sus familias.
“El Gobierno tiene que hacer intervenciones, pero estas deben ajustarse al contexto. Pues igual y no vas a poder hacer dos intervenciones, tienes que hacer 500 intervenciones distintas. Y eso implica que la presidenta no va a tener control de todo y no sé si eso va a funcionar,” explica.
Para otros expertos, como Tiziado Breda, el desafío es invertir en estrategias de largo plazo sin perder de vista las necesidades más urgentes.
“Las políticas de seguridad siempre tendrían que tener como eje central la prevención de la violencia con la creación de empleo, de mejora de servicios ofrecida por el Estado, de protección de los ciudadanos, de educación, de infraestructura, pero el gran problema de México es que si bien esto se puede hacer para el largo plazo, se necesita abordar la violencia actual con medidas concretas, entre ellas atacar la impunidad y la corrupción que permiten la expansión de las organizaciones criminales.”
Otra de las áreas que Sheinbaum promete priorizar es la inteligencia y la investigación, abordando a las organizaciones criminales donde más les duele: su capacidad de ingresar el dinero que generan con sus actividades ilícitas en los mercados lícitos. Esto tampoco es nuevo, pero es una estrategia que todavía no se logra implementar de manera particularmente efectiva.
La tarea es importante pero será cuesta arriba. Las debilidades institucionales de México, particularmente en relación a la corrupción e ineficiencia del sistema de justicia, son tan grandes que durante décadas han debilitado los intentos de abordar el crimen organizado. Entre algunos de los principales problemas del sistema de justicia está la falta de coordinación entre entidades, la dependencia de testimonios de testigos oculares para resolver casos, el excesivo uso de la prisión preventiva y los vínculos entre políticos y jueces.
Zazueta, quien ha investigado violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones en todos los rincones de México, dice que parte del desafío tiene que ver con los recursos que se invierten en investigación criminal y la independencia de algunas agencias.
“No hay recursos y ahí ves un poco el compromiso del Estado con el tema”, explica. “Hay veces que los fiscales no pueden ir a una zona donde necesitan investigar porque no les aprueban los viáticos o porque hay demoras en la coordinación con la policía o el ejército para ir en convoy a algún lugar. Y eso es complicado porque los estados son muy grandes, en algunos puedes estar horas y horas en carretera para llegar a un lugar y otros en los que el acceso geográfico es difícil.”
“Yo creo que, en primer lugar, tenemos que tener servicios periciales independientes, como un centro científico que hace las pruebas y le da la información a la Fiscalía porque ahora dependen del Ministerio Público y eso no funciona. Para que esto mejore, tiene que haber mucho más control sobre lo que hacen las Fiscalías, sino esto no va a funcionar,” dice.
Farfán-Méndez, por su parte, dice que aunque la inversión en mejorar la capacidad investigativa es crucial, también se necesita mejorar la confianza de la ciudadanía en el sistema “es que la gente no va y denuncia porque cree que va a ser una pérdida de tiempo. Reconstruir confianza en esos sistemas toma mucho tiempo y yo no creo que sea solamente la administración de Claudia, o sea, esto tomará años”.
