Texto: Josefina Salomon / Ilustración: Sergio Ortiz Borbolla
Las mujeres pobres constituyen la población carcelaria de más rápido crecimiento en América Latina, en su mayoría recluidas por cargos no violentos de tráfico de drogas.
Coletta Youngers, experta en encarcelamiento que lleva años visitando prisiones por toda América Latina y construyendo un movimiento con mujeres que pasaron tiempo encarceladas, afirma que las prisiones no sólo no han conseguido hacer mella en el tráfico de drogas, sino que han marginado aún más a comunidades ya de por sí vulnerables.
Hablamos con ella sobre el estado actual de las prisiones en América Latina y cuáles son los modelos de justicia más prometedores.
In.Visibles (IV): ¿Cómo describirías la situación carcelaria actual en América Latina, en particular la de las mujeres?
Coletta Youngers (CY): Si nos fijamos en los datos, aunque hay muchos más hombres que mujeres en la cárcel, el número de mujeres encarceladas por delitos de drogas es mucho mayor que el de los hombres en la mayoría de los países de América Latina: entre el 40 y el 60, incluso el 80 por ciento, cuando en el caso de los hombres suele ser entre el 20 y el 30 por ciento. Además, la tasa de encarcelamiento de mujeres está creciendo a un ritmo mucho mayor que la de los hombres.
IV: ¿Por qué las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por las políticas de drogas?
CY: Hay múltiples factores. Uno es que muchas de estas mujeres son madres solteras, tienen responsabilidades familiares y proceden de situaciones de vulnerabilidad, de pobreza. Así que, a menudo, las mujeres se involucran en los escalones más bajos de la cadena de tráfico de drogas para poder llevar comida a la mesa. A menudo es una forma de combinar la necesidad de obtener ingresos con sus responsabilidades en la crianza de los hijos. Así que tal vez vendan drogas desde su casa para poder cuidar también de sus hijos, o tal vez un par de veces al mes transporten drogas.
Las mujeres están expuestas de una manera que no es necesariamente el caso de los que están más arriba en la cadena de producción y distribución de drogas. Lo cual no quiere decir que los hombres no estén también en esas situaciones, pero creo que la situación económica de las mujeres las empuja a ello de una manera que debemos tener en cuenta.
También hay mucho debate sobre si los jueces dictan sentencias más duras para las mujeres. Hay indicios de que las mujeres suelen ser condenadas a penas de prisión más largas que los hombres por delitos similares, y creo que eso se debe en gran medida a la discriminación y el estigma. Se considera que las mujeres que se involucran en actividades ilícitas han desafiado las expectativas que la sociedad tiene de ellas como cuidadoras.
IV: Parece que hay más información que nunca sobre el impacto de la cárcel en los grupos marginados, especialmente en las mujeres, y sin embargo el número de mujeres encarceladas sigue creciendo…
CY: Sí. Estados Unidos es el ejemplo perfecto de cómo se siguen aplicando políticas muy malas a pesar de que sabemos que no funcionan. Si nos fijamos en la guerra contra las drogas, es asombroso. Puedes remontarte hasta principios del siglo XX, pero si echas un vistazo desde que Nixon lanzó la “guerra contra las drogas” hace más de 50 años, puedes ver que no sólo no hemos hecho mella en el tráfico de drogas sino que, por el contrario, se ha multiplicado.
El tráfico de drogas se ha expandido exponencialmente en América Latina desde que EE.UU. empezó a promover estas políticas, el consumo de drogas y la violencia relacionada con las drogas se ha expandido. No tengo una buena respuesta a por qué seguimos haciendo lo mismo una y otra vez sin ver que no estamos obteniendo los resultados que queremos, pero creo que hay un par de factores. Uno es que, sobre todo en el caso de Estados Unidos, hemos invertido tantos recursos en la guerra contra las drogas que ahora es difícil para los políticos decir “Ups, estábamos equivocados, esto ha sido un despilfarro colosal de miles de millones de dólares”. En segundo lugar, creo que a cierto nivel es fácil meter a la gente en la cárcel. Estados Unidos, en particular, lleva mucho tiempo tratando problemas profundamente arraigados en la sociedad encarcelando a la gente. Y es mucho más fácil meter a alguien entre rejas y, básicamente, tirar la llave que abordar los problemas socioeconómicos profundamente arraigados que han afectado de forma tan negativa a las comunidades pobres de este país y, en particular, a las comunidades de color.
En el caso de América Latina, existe esta tensión entre reconocer estas cuestiones y los problemas de inseguridad ciudadana que asolan la región. Y sabemos que hay problemas muy reales de violencia y delincuencia y de personas que se sienten inseguras en sus comunidades. Y, de nuevo, es mucho más fácil para los gobiernos aplicar lo que se denomina “mano dura” o políticas de mano dura que se basan en esta idea de que cuanta más gente encierres, más seguro estarás. Pero hemos visto una y otra vez que eso no es necesariamente así, que puede tener repercusiones inmediatas, pero no va a resolver el problema a mediano o largo plazo.
IV: ¿Ha habido alguna vez algún debate serio sobre alternativas al uso de las prisiones como principal herramienta en la “guerra contra las drogas”?
CY: Bueno, si los hemos tenido en este país (Estados Unidos). Hace ya algunos años que tenemos un debate sobre los sistemas jurídicos penales. Durante la administración Obama se reconoció que Estados Unidos estaba gastando una enorme cantidad de dinero en mantener el complejo industrial penitenciario. Se logró ver que esos recursos no podían utilizarse para otras alternativas y que esa estrategia no estaba teniendo el impacto deseado. Pero, de nuevo, lo que ocurre cuando se consiguen reformas, es mucho más limitado que abordar realmente las causas profundas del problema. Así, tenemos la Ley de Segundas Oportunidades que se reautorizó, bajo la administración Trump, que permite a un pequeño número de personas, en su mayoría blancas, salir de prisión antes de tiempo y beneficiarse de algunas oportunidades. Pero, en general, estas reformas han sido limitadas y no han generado cambios para lograr una reducción significativa de la población carcelaria. Para ello, lo primero que hay que hacer es cambiar las leyes, porque tenemos muchas leyes que meten en la cárcel a gente que no debería estar allí, por ejemplo por algunas infracciones de tráfico.
Y luego pensar en cuáles son las alternativas para las personas que han cometido una transgresión, ¿cuáles son las formas en que pueden rectificar lo que hicieron? Creo que tenemos que pensar en ello no sólo en términos de servicios a la comunidad o de alguna alternativa al encarcelamiento en la que estés pagando tu deuda con la sociedad, sino pensando en servicios a la comunidad: ¿qué tipo de oportunidades educativas puede ofrecer el gobierno? Oportunidades de empleo, servicios de tratamiento de consumo problemático de drogas si las mujeres lo desean, etc. Formas que permitan a las mujeres mejorar su situación para no acabar de nuevo en prisión.
Todas las personas sabemos que la mayoría de quienes van a la cárcel acaban volviendo en algún momento porque salen y tienen antecedentes penales. Están en una situación aún peor. No pueden conseguir trabajo. ¿Y quién está esperando para darles un trabajo? Es el narcotraficante. No sabes cuántas mujeres me han dicho: “He salido de la cárcel. Estoy intentando encarrilar mi vida. Intento recuperar a mis hijos. No encuentro trabajo en ningún sitio. No encuentro dónde vivir. Pero los que se me acercan constantemente son los tipos que dirigen el tráfico de drogas en mi barrio. Y me dicen: ‘Te cubrimos las espaldas. Si necesitas ayuda, acude a nosotros. Te daremos trabajo'”. Y así acabas volviendo a lo mismo. Así que tenemos que romper estos ciclos que hacen que algunas personas acaben en este círculo vicioso de entrar y salir de la cárcel.
IV: Algunos países de América Latina han estado experimentando con alternativas a la prisión. Colombia, por ejemplo, con el arresto domiciliario y México con la vigilancia electrónica.
CY: En primer lugar, creo que vale la pena decir que lamentablemente no tenemos muchos buenos ejemplos de alternativas al encarcelamiento. Creo que hay otras partes del mundo, Europa en particular, donde podemos buscar modelos potenciales que podrían ser aplicables a los países de América Latina. Y creo que también debemos reconocer que muchas de las alternativas al encarcelamiento que se proponen no son muy buenas. La vigilancia electrónica, por ejemplo, es una alternativa horrible al encarcelamiento. Simplemente encarcela a la gente de una manera diferente. Obviamente, si estás en la cárcel y la alternativa es salir con una pulsera en el tobillo, un grillete en el tobillo, como lo llaman muchos de mis colegas aquí en Estados Unidos, vas a querer salir de la cárcel. Pero entonces te enfrentas a muchas dificultades y restricciones de lo que puedes hacer con ese monitor electrónico alrededor del tobillo. Se trata de un debate mucho más profundo que el que podemos mantener ahora. La otra cuestión es el arresto domiciliario. De nuevo, puede que estés mejor en tu casa que en la cárcel, aunque muchas mujeres con las que he hablado me han dicho: “bueno, al menos en la cárcel me daban algo de comer, aunque fuera horrible”.
Si estás encerrada en tu casa 24 horas al día, 7 días a la semana, no puedes cumplir con tus responsabilidades. Pero tenemos que pensar en estas cuestiones de otra forma. Así, por ejemplo, en Argentina, la ley que impone el arresto domiciliario no dice que tengas que tener todas estas restricciones. Se podría pensar en un régimen de arresto domiciliario muy laxo en el que se te permita estar fuera la mayor parte del día, tener un trabajo, llevar a tus hijos al colegio. Pasar de la mentalidad del castigo a preguntarnos cómo proporcionamos a las personas las herramientas que necesitan para encarrilar sus vidas.
Uno de los primeros países que realmente fue pionero en tratar de pensar en esto fue Costa Rica, que puso en marcha una serie de iniciativas. En primer lugar, aprobaron o revisaron una ley que permitía reducir a tres años o menos las penas impuestas a las mujeres que introducían drogas en prisión, una de las principales causas de encarcelamiento de mujeres, lo que redujo drásticamente la población reclusa.
Luego crearon lo que era una ventanilla única para las mujeres que salían de prisión, donde podían acceder a servicios. Así, podían acudir a un solo lugar y a una sola agencia gubernamental y obtener ayuda con la vivienda, la reunificación con sus hijos y el empleo. La otra cosa realmente importante que hizo Costa Rica fue aprobar una ley que básicamente permite a los jueces eliminar los antecedentes penales de hombres y mujeres que salen de prisión y que cometieron ciertas infracciones cuando se encontraban en situación de pobreza, reconociendo que éste es uno de los impedimentos más significativos para que las personas puedan reconstruir sus vidas al salir de prisión.
Creo que el ejemplo más interesante en América Latina hoy en día es Colombia. Colombia ha aprobado una ley que básicamente dice que las mujeres cabeza de familia que hayan cometido una transgresión cuando estaban en situación de pobreza o vulnerabilidad o marginación, pueden hacer trabajos comunitarios en lugar de ir a la cárcel. Aunque el gobierno tiene ahora dificultades para aplicarla, esta ley podría suponer que aproximadamente la mitad de la población reclusa femenina saliera de prisión. Hay muchas mejoras que se le pueden hacer, pero creo que será realmente emocionante, una vez que se ponga en marcha, ver cómo funciona y cómo podríamos pensar en proponer esto en otros países.
La clave es pensar en cómo reducir la población carcelaria, porque es mucho más fácil pensar en alternativas al encarcelamiento para 300 mujeres que para 3.000. Pensar por qué metemos a la gente en la cárcel es muy importante, y los delitos leves de drogas son un ejemplo perfecto.
IV: Estás diciendo que la cárcel no tiene un efecto disuasorio sobre muchos de estos delitos como se supone que debería tener…
CY: Sí, eso es algo que sabemos por los estudios realizados en Estados Unidos. Antes de cometer un delito, la gente no piensa “Oh, ¿me van a caer tres años por esto o siete? ¿O podrían condenarme a cadena perpetua por un delito de drogas no violento?”. Así no funciona la gente. Las condenas largas no son disuasorias en absoluto. Creo que la mayoría de la gente podría reconocer el riesgo, pero no lo analiza demasiado. Así que la cárcel no es disuasoria en absoluto, en mi opinión.
IV: Algunos países, especialmente en Escandinavia, parecen haber encontrado una fórmula exitosa para mantener bajos tanto el número de presos como los índices de criminalidad, pero el argumento es que esos países tienen acceso a muchos más recursos que, por ejemplo, los países de América Latina. ¿Son exportables estos modelos a países con menos recursos?
CY: Creo que ambas cuestiones son muy reales. Pero creo que, en términos de recursos, si se pudiera imaginar una situación en América Latina en la que se redujera drásticamente la población carcelaria, como es el caso de Noruega, entonces se podría pensar en cómo invertir esos recursos de otra manera, estableciendo programas, por ejemplo.
Nunca he visitado las cárceles de Noruega, pero he visto los vídeos y las fotos, y son como apartamentos por los que se puede pasear, salir y volver. Es una idea totalmente diferente de lo que significa promover la justicia, y esto es algo en lo que América Latina también podría pensar de diferentes maneras.
La cuestión del apoyo social es, en mi opinión, un gran impedimento. Creo que ciertos sectores de la sociedad, a menudo los gobiernos, los principales medios de comunicación, han sido extremadamente eficaces a la hora de seguir trabajando para promover esta idea de que las políticas de mano dura, encerrar a la gente en la cárcel, va a resolver cualquier problema en el que estés pensando en ese momento. Y es difícil para la gente pensar en alternativas y pensar que tal vez no sea cierto que si toda esta gente está encerrada, me voy a sentir más segura.
IV: Veo que esto es especialmente difícil cuando países que aplicaron políticas de mano dura, como El Salvador, han bajado la delincuencia…
CY: Creo que lo que está pasando en El Salvador es espantoso, aterrador, horroroso, no sólo para El Salvador, sino para la región. No soy un experta en El Salvador, así que no quiero decir más, ir más allá de lo que puedo decir como experta en términos más generales. Pero creo que hay muchas preguntas sobre la sostenibilidad a medio y largo plazo de este enfoque. Creo que la idea que está calando en otros países latinoamericanos de que este es un enfoque que debemos seguir da mucho miedo, y me preocupa mucho cómo a medida que aumenta la violencia en países como Ecuador, este es un modelo mucho más fácil de vender que, como decía, un enfoque más de respuestas basadas en la comunidad.
IV: Por último, ¿cómo sería un futuro sin prisiones o, al menos, sin el actual sistema penitenciario
CY: Es algo en lo que he pensado mucho porque, como activista de derechos humanos, he trabajado durante muchos años documentando atrocidades con el compromiso de encarcelar a quienes las cometen. Pero he reflexionado mucho y he leído y hablado con gente sobre el tema, y creo que el punto de inflexión para mí llegó precisamente cuando me di cuenta de que, cuando se habla de abolición de las prisiones, no se trata tanto de eliminar estos horribles edificios, sino de reimaginar la sociedad. Se trata de imaginar un mundo en el que no hagan falta las cárceles, en el que las sociedades se transformen. De modo que, en primer lugar, haya sociedades igualitarias, que no tengan los problemas de desigualdad extrema de riqueza, pobreza e injusticia que tan a menudo están en la raíz de las transgresiones. Y también hay otras formas de pensar sobre lo que hay que hacer cuando alguien ha hecho un daño a otra persona. Y, por supuesto, ahora tenemos todos estos modelos de justicia reparadora, pero creo que en realidad se trata de volver a la comunidad y de cómo proporcionar a las comunidades los recursos que necesitan para prosperar, donde los niños tengan acceso a la educación y a oportunidades de empleo.
Y cuando se producen agravios, que la comunidad los asuma y se ocupe de cómo promover la reconciliación y la justicia tal y como su comunidad las concibe. Sé que suena muy utópico. Mis amigos que no trabajan conmigo en este ámbito dicen: “Oh, eso nunca va a ocurrir”. Pero tenemos que creer que existe un mundo mejor que el actual. Al menos eso es lo que yo sueño.
Esta entrevista ha sido editada para claridad y extensión.
