Por: Equipo In.visibles
Luis Eduardo Roberto Hernández, un mototaxista de Upata, estado Bolívar, en la zona minera de Venezuela, murió el martes 30 de julio a causa de un impacto de bala en la cara, cuando participaba en manifestaciones en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales, que proclaman como supuesto ganador a Nicolás Maduro.
“A mi hijo me lo mataron los colectivos”, dijo su padre, Luis Roberto, a periodistas de El Pitazo. Asegura que los médicos que trataron al joven de 19 años, le habían dicho que la muerte había sido causada por una bala. Sin embargo, funcionarios del Gobierno intentaron desviar la historia diciendo que Luis Eduardo había muerto por una pedrada en la cabeza.
En solo tres días –entre 28 y el 30 de julio de 2024– las organizaciones Monitor de Víctimas y Provea registraron que al menos 22 personas murieron durante cientos de protestas alrededor de Venezuela, luego de que el Consejo Nacional Electoral dijera que Maduro había conseguido el 51,2% de los votos, frente al 44,2% del candidato opositor Edmundo González Urrutia.
El Fiscal General, Tarek Williams Saab, dijo que en el mismo lapso se habían detenido a otras 1.062 personas (organizaciones de la sociedad civil han verificado 939 casos). Además, se han reportado decenas de casos de amenazas y persecución a líderes sociales, activistas políticos y periodistas, en un contexto de alta criminalización de las manifestaciones.
La oposición dice que según su propio conteo, consiguieron el triunfo con 70% de los votos, contra el 30% de Maduro.
En medio del debate está el proceso de verificación de las actas, que el gobierno todavía no publica, aun tras reiteradas solicitudes de gobiernos considerados aliados en la región y observadores independientes. En cambio, ha acusado a la oposición de fomentar un golpe de estado y ha expulsado a diplomáticos de países que cuestionaron los resultados de las elecciones. El partido de María Corina Machado, líder de la oposición que fue impedida de participar en la contienda electoral, dice que sus oficinas fueron atacadas por asaltantes enmascarados. Machado pasó a vivir en una casa segura, tiene miedo.
Aun antes de la ola de protestas, la tensión había marcado una contienda electoral que muchos definían como histórica, por la posibilidad real de la coalición de oposición de llegar al poder por la vía de los votos, tras 25 años de gestiones chavistas.
Mientras que la economía Venezolana vivió una mejor época durante los primeros años de la gestión de Hugo Chávez, acompañado por un boom en el precio del petróleo (Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo), las cosas cambiaron drásticamente hacia 2013, cuando Maduro llegó a la presidencia. En su peor momento el país alcanzó una inflación récord del 130.000%, una de las causas de una emergencia humanitaria compleja, que quedó en evidencia en las interminables filas de personas buscando alimentos y la explosión de la migración. Más de 7.7 millones de personas salieron de Venezuela desde 2014.
En medio de todo esto, Venezuela se convirtió en un paraíso para la corrupción y el crimen organizado. Proliferaron una variedad de grupos armados que van desde megabandas y pranes –nacidos en las cárceles del país– hasta colectivos armados, una suerte de grupos paramilitares que dicen buscar defender la revolución de Hugo Chávez. Estas estructuras rápidamente se desarrollaron, se dedicaron a mercados criminales, como microtráfico de drogas, extorsiones, secuestros, trata y tráfico de personas, minería ilegal y sicariato, entre otros, y encontraron formas de sacar provecho a la bonanza por un boom en el precio del petróleo.
Los colectivos, que no operan como una unidad nacional pero tienen llegada al Estado, lograron construir un mercado criminal basado en el control territorial y las gobernanzas que comenzaron a ejercer en las comunidades donde operaban.
Desarrollaron negocios relacionados con la comercialización de alimentos, el control de las estaciones de servicio para la ventana del combustible subsidiado -que con frecuencia escasea en Venezuela–, la administración del suministro de gas, las operaciones de cambio de divisas y la minería y comercialización de oro. Muchos se enfocaron en el cobro de extorsiones a cambio de “seguridad”, el microtráfico de drogas y los asesinatos selectivos.
Aunque no es posible precisar el número de personas que integran los colectivos, expertos afirman que utilizan más violencia que otras organizaciones, en parte gracias a las armas a las que tienen acceso.
Investigadores han documentado la presencia de un centenar de colectivos en al menos 14 de los 23 estados de Venezuela. Los más fuertes y conocidos son: Tres Raíces, La Piedrita, Alexis Vive (23 de Enero), Catedral, Cupaz (Lara, Portuguesa y Yaracuy), Red Elco (Lara), Frente 5 de Marzo (Apure), Cara Al Río (Miranda), Hijos de Bolívar y Coco Secos (Sucre).
El enorme giro para los colectivos se da desde el 2021, cuando lograron ocupar los territorios y mercados criminales que algunas megabandas habían dejado, luego de que sus miembros comenzaran a ser perseguidos y muertos en presuntos enfrentamientos con la policía y sus grupos se reorganizaron, en Venezuela o en otros países.
En esas zonas, además de controlar las actividades ilícitas, los colectivos también ejercen un importante y muy sofisticado control territorial, e imponen gobernanzas criminales. Además, cumplen un importante rol en la represión política a la oposición y por mucho tiempo se les consideró el brazo armado de la revolución bolivariana.
Los colectivos, por ejemplo, acompañaron a las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en el combate a las bandas criminales, y actuaron junto a los cuerpos de seguridad en la represión de las protestas de 2014 y 2017, cuando fueron acusados de al menos 28 homicidios. En los momentos más críticos que enfrentó su gobierno, Maduro llamó a los colectivos a apoyarlo y dijo ser su mayor defensor. En las protestas de esta semana, se cree que los colectivos participaron en al menos siete de las muertes de manifestantes.
Residentes de zonas donde operan dijeron que los colectivos han tomado el rol del Estado, incluyendo en la administración de servicios públicos, distribución de alimentos y acceso a servicios de salud.
Un incidente ocurrido el pasado 4 de febrero en Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, dejó en evidencia la relación entre los colectivos y el gobierno de Nicolás Maduro.
Un grupo de 14 presuntos integrantes de un colectivo denominado “Cara Al Río” fueron detenidos por la Policía cuando desvalijaban un vehículo robado. Habitantes de la comunidad denunciaron el presunto robo y aseguraron que los delincuentes se encontraban en un galpón de la zona. Cuando las fuerzas de seguridad llegaron, presuntamente encontraron a los miembros del colectivo con el vehículo, y con una cantidad de armas de fuego.
Horas más tarde, integrantes del colectivo, la mayoría encapuchados y con armas, hicieron una protesta en una gran avenida para exigir la liberación de sus compañeros y obligaron a los transportistas a bloquear el paso.
El viceministro del Sistema Integrado Policial Seguridad Ciudadana, mayor general Elio Estrada, eventualmente ordenó la liberación de los detenidos y dejó sin efecto el procedimiento que se les seguía. Además, se reunió con el colectivo y les prometió que este tipo de situaciones no volverían a ocurrir, según muestra un video del momento.
Estrada Paredes, quien también funge como viceministro del Sistema Integrado Policial, también ordenó que se les devolvieran las ocho armas que portaban al momento de ser detenidos, cuatro motocicletas, un vehículo y una grúa, según informaron medios digitales.
Cuando se lo enfrenta con las cifras que ilustran la gravedad de la situación en Venezuela, Maduro dice que lo peor ya pasó. Pronostica un crecimiento económico. Dice que la nueva Venezuela está llegando.
En los barrios marginalizados de la afuera de Caracas, y más en el resto del país, los testimonios cuentan otra historia.
Hablan de falta de alimentos, de sueldos que no alcanzan, de extorsiones, armas y miedo.
En el contexto de las protestas, los habitantes de las comunidades de las periferias dicen que en las noches se escuchan las balaceras y que los colectivos salen a patrullar junto a la Policía Nacional, cuyos números están en la baja, en parte porque muchos de sus miembros han migrado a otros países.
Mientras tanto la gran pregunta es cuál será el futuro de estas organizaciones que tanto poder amasaron durante las últimas décadas si algún día dejan de tener el monopolio de la fuerza, o la connivencia estatal. La respuesta implica algunas consideraciones.
Este reposicionamiento de los colectivos estaría amparado en la premisa de la unión cívico-militar-policial promovida por el propio Maduro, que no es otra cosa que la actuación conjunta como un solo ente de funcionarios y colectivos. Esta “fusión” e intercambio de roles abre la posibilidad a que miembros de estás organizaciones paramilitares permanezcan dentro de los cuerpos de seguridad, con los riesgos que esto implica para la reconstrucción de la institucionalidad.
Esto tiene muchas implicancias en cuanto a la búsqueda de justicia sobre los crímenes cometidos durante la represión porque la participación de estos civiles dificulta la posibilidad de establecer responsabilidades y de atribuir sanciones.
Finalmente, el poder que estos grupos han amasado es tal que se han convertido en un actor clave en el complejo tablero de Venezuela, uno con el que cualquier gobierno futuro necesitará negociar y buscar acuerdos. Esto puede generar, además, un potencial nuevo reacomodamiento del panorama criminal, con todos los desafíos que ello implica.
