Texto: Josefina Salomón
En 2005, Argentina implementó una reforma judicial que trasladó los delitos relacionados a la comercialización de drogas ilícitas de la jurisdicción federal a las provincias. Casi 20 años más tarde, 11 de las 24 jurisdicciones del país se han adherido al sistema.
Parte del razonamiento que utilizaron era que al perseguir a las personas que cometen delitos menores, existen más chances de llegar a quienes lideran las organizaciones criminales. Pero en la práctica, esto no está sucediendo.
Además, la falta de información sistematizada y pormenorizada sobre la implementación del sistema, en particular en relación al involucramiento de mujeres marginalizadas en mercados ilícitos, ilustra un círculo vicioso de vulnerabilidad y violencia.
A través de más de 100 pedidos de información a todas las jurisdicciones del país, la Red de Periodistas Judiciales de Argentina trabajó para construir un mapa sobre cómo el sistema judicial del país aborda delitos de microtráfico, y el impacto que ha tenido.
Hablamos con Camila Grigera Naón, una de las periodistas que participó de la investigación sobre las historias detrás de las cifras, las políticas punitivas y el impacto del contexto económico actual.
Josefina Salomón (JS): ¿Qué aspecto de los resultados de la investigación les resultaron más sorprendentes?
Camila Grigera Naón (CGN): Por lejos la falta de transparencia en cuando a la información sobre la aplicación de la ley en casos de narcomenudeo por parte de la justicia y de los organismos federales en Argentina. Este fue un punto en el que coincidimos todos los integrantes de la red. Para esta investigación enviamos más de 100 pedidos de acceso a la información pública a cinco organismos: el Ministerio Público Fiscal, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio Público de la Defensa. El único ministerio que nos contestó de manera relativamente completa, aunque no pudo tocar todos los puntos, fue el Ministerio Público de la Defensa.
JS: ¿Cómo se traduce la falta de información sistematizada en la vida de las mujeres afectadas por el sistema de justicia?
CGN: La falta de información desagregada y detallada sobre el impacto que ha tenido la ley de desfederalización realmente invisibiliza a las personas más vulnerables, particularmente a las mujeres.
El crimen organizado en Argentina es un tema muy relevante y preocupante, especialmente en ciertas partes del país, por ejemplo, Rosario, y en las provincias limítrofes.
Pero si no tenemos idea ni siquiera de cómo las mujeres son afectadas por el narcotráfico o por el narcomenudeo, ¿cómo podemos realmente planificar, pensar y diseñar en soluciones que termine con el narcotráfico que tanto está afectando a la Argentina en este momento?
JS: Estas mujeres ocupan el último eslabón de la cadena de producción y comercialización…
CGN: Si. No solo eso. Si son condenadas y puestas en prisión, por un lado, no impacta en nada en la cadena de producción, porque el rol que cumplen es completamente fungible, dispensable y reemplazable, sino que ellas también se encuentran en una situación aún peor comparado a la situación en la que se encontraban originalmente. Su vulnerabilidad aumenta.
JS: ¿Por qué dicen que estas mujeres son un “punto ciego” de la justicia?
CGN: Hablamos con muchísimas personas para esta investigación, operadores judiciales, defensores de públicos, fiscales, jueces, representantes de ONG, personas afectadas, y una palabra que aparecía mucho era burocracia. Hay una falta de humanización en este proceso, donde por ahí son tantos los casos, son tantos los casos que las personas terminan siendo tratadas como un número de expediente y no como seres humanos.
En el caso de Camila (una de las mujeres que entrevistaron) ella dijo algo que a mí me afectó mucho. Dijo que los jueces y los fiscales suelen enfocarse en los sucesos que ocurrieron en el momento y no lo que pasa en el detrás. Porque ella siempre aceptó que había cometido un delito, pero también siempre sostuvo que nadie se molestó en realmente ver lo que pasaba en el detrás, que ella sufría una situación muy severa de violencia de género, vivía en una situación de vulnerabilidad económica, social, estaba a cargo de tres hijas, entre muchas otras cosas.
JS: Otra de las mujeres con quienes hablaron, Maribel, quien fue encarcelada luego de transportar drogas para costear una operación para su hija y quien eventualmente fue liberada, dijo que durante su proceso con la justicia, nadie le preguntó de dónde había salido la droga, quién era su jefe.
CGN: Sí, totalmente. Cuando se impulsó la ley de desfederalización, parte del razonamiento que utilizaron era que al perseguir a las personas que cometen delitos menores, hay más chances de llegar a las personas que cometen los delitos mayores. Pero como bien dijo Maribel, eso no está pasando. Por un lado, porque no les preguntan y, por otro lado, porque muchas veces estas mujeres no tienen la respuesta. Ellas ocupan el eslabón menor y después están los ocupan el eslabón más alto, pero hay muchísimos niveles. Entonces, seguramente ni siquiera la persona que le dio a ella la droga es la persona cabecilla de toda la organización criminal.
JS: ¿Qué papel juega en todo esto la crisis económica en Argentina?
CGN: Si bien las historias que documentamos, en muchos casos se habían resuelto hace un tiempo, lo que sí puedo decir es que hablando con referentes de ONGs y operadores judiciales, lo que dicen es que no se sorprenderían si estos casos (de personas que se involucran en el narcomenudeo por necesidad) siguen en aumento, si hay más y más personas en situaciones de desesperación económica, que en su mayoría son mujeres solteras, que se involucran en este tipo de delitos para poder darles de comer a sus hijos.
Esta entrevista fue editada para mayor claridad.
La investigación “Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina” está disponible aquí.
