Texto: Josefina Salomón / Ilustración: Sergio Ortiz Borbolla
Un simple gráfico de barras muestra parte de la inmensidad de la crisis. Mientras que hace una década, entre 1.000 y 2.000 personas lograban cruzar cada año lo que se consideraba la impenetrable selva del Darién que separa Colombia de Panamá, ahora la cifra se acerca a 1.000 al día.
Una combinación de nuevos requisitos para la obtención de visados y el empeoramiento de la situación humanitaria ha empujado a un número cada vez mayor de personas a emprender el peligroso viaje, del que las organizaciones delictivas que controlan la zona se aprovechan.
Adam Isacson, director del programa de Defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, pasó tiempo en la ciudad de Necoclí, a orillas del Golfo de Urabá, en Colombia. Habló con In.Visibles sobre el impacto del control que el Clan del Golfo ejerce sobre la zona, y las soluciones menos malas ante los crecientes desafíos.
Josefina Salomón (JS): Llevas décadas documentando las dinámicas migratorias. ¿Qué ha cambiado en el Tapón del Darién en los últimos años?
Adam Isacson (AI): Hace diez años, la selva del Darién se consideraba impenetrable. Por aquel entonces cada año se veían 1.000, quizá 2.000 personas intrépidas tratando de cruzar. Las cosas empezaron a cambiar entre 2014 y 2016, cuando los haitianos que habían abandonado Haití tras el terremoto de 2010 y vivían en Brasil y Chile descubrieron que esos países eran muy inhóspitos y decidieron hacer este increíble viaje por tierra hasta Estados Unidos. Pero en esos años, estamos hablando de 30.000 personas al año, como mucho.
Y luego llegó la pandemia.
En 2021, cuando las restricciones de viaje empezaron a bajar, de repente 130.000 personas atravesaron el Paso del Darién, de las cuales 100.000 eran de Haití. Luego, a principios de 2022, México empezó a exigir visados a las personas de Venezuela, lo que hizo imposible que llegaran fácilmente a México por vía aérea. Así que, en pocos años se vio este enorme repunte de personas venezolanas viajando a través del Tapón del Darién. Desde 2022, casi 600.000 venezolanos han hecho este viaje. México también está exigiendo visados a las personas de Perú, por lo que es probable que esa cifra aumente. También hay muchas personas de fuera del continente americano, como China, Afganistán y Nepal que realizan el viaje. De hecho, Panamá registra alrededor de 100 nacionalidades que cruzan el país cada año.
JS: Hace poco estuviste en Necoclí, donde muchas personas migrantes inician su viaje. ¿Qué viste allí?
AI : Cuando estuve allí, me pregunté por qué la gente cogía embarcaciones para cruzar el golfo de Urabá en lugar de tomar la ruta terrestre para llegar más directamente a Panamá. La razón es que toda la zona está controlada por el Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia. Han decidido que no quieren que la gente migre por el otro lado, más cerca de la frontera con Panamá, porque de allí salen muchos de sus barcos de tráfico de cocaína, y no quieren que nadie interfiera ni atraiga la presencia del gobierno. Eso también les permite controlar mejor a quienes salen y asegurarse de que están recaudando dinero de todas y cada una de las personas migrantes que pasan por allí.
El control que tienen es muy notable. Personal de las organizaciones internacionales y funcionarias locales te dicen que no hagas fotos, bajan la voz cuando hablan del grupo, no quieren ser escuchados.
JS: Ni siquiera permiten refugios para migrantes en la ciudad.
AI: Así es. Lo único que quieren es que las personas migrantes les paguen. Sólo hay dos lugares en toda la ruta migratoria hacia Estados Unidos que yo sepa donde no hay albergues. Uno es Necoclí y el otro es Nuevo Laredo, en México, donde el Cártel del Noreste ha dicho que nadie puede operar un refugio a menos que les paguen una cuota por cada persona migrante que se quede allí. Así que la mayoría de los refugios han cerrado. Así de grave es la situación.
JS: El hecho de que las personas migrantes sigan acudiendo a Necoclí parece mostrar su nivel de desesperación…
AI: Desde luego. Y lo que acabo de describir es probablemente un paseo por el parque comparado con lo que es vivir una semana en los barrios marginales de Caracas. Pero debo decir que hay otra cara de la moneda: si puedes permitirte pagar al grupo, que pide entre U$S100 y U$S200 por persona, si puedes pagar, estarás protegido. Si alguien te hace algún daño, si te tocan un pelo de la cabeza y te hacen daño y eres un cliente que paga, quienquiera que te haya asaltado en el lado colombiano será asesinado. Como tienen el monopolio de la violencia en esa parte del país, pueden imponerlo. Por eso la mayoría de los asaltos, robos, violaciones y asesinatos de migrantes ocurren en el lado panameño después de que se disipa el control del Clan del Golfo.
JS: ¿Qué hace Colombia para proteger a estas personas?
AI: No mucho. Históricamente, Colombia ha dejado muchas partes de su territorio sin gobernar. Es una de las razones por las que es el país cocalero número uno, por la que los grupos armados prosperan tanto y por las que la zona de Necoclí ha estado dominada por los paramilitares desde que expulsaron con saña a la guerrilla a finales de los 90 y principios de los 2000. Si nos fijamos en las estadísticas de violencia, esta región bananera es relativamente pacífica porque el Clan del Golfo tiene el monopolio de la criminalidad.
Paralelamente, la presencia del Estado colombiano en muchas zonas y la de las fuerzas de seguridad se ha reducido. Eso se debe a la falta de dinero, pero también a los problemas de gestión del gobierno Petro y a la falta de voluntad política del gobierno Duque.
JS: Una de las cosas que explicas en el informe es que Necoclí es un ejemplo perfecto de cómo no gestionar una crisis migratoria. ¿Cuál sería una buena forma de hacerlo?
AI: No hay una buena respuesta. Aquí hay dos limitaciones principales. Una es la imposibilidad de bloquear a los migrantes. Son personas desesperadas que van a venir y hay muy poco que se pueda hacer para que su sufrimiento sea peor de lo que están viviendo ahora. La otra limitación es que, si los gobiernos no se hace al menos algún esfuerzo de intentar controlar el flujo, Washington y otros se les echarán encima por no hacer lo suficiente.
En algún punto intermedio la respuesta sería un corredor humanitario que proteja a las personas que lo atraviesan pero que enfrente el control territorial. El crimen organizado no puede decidir cuánta gente entra cada día. Eso sería mucho mejor que lo que tenemos ahora, pero seguiría siendo muy difícil y caro de establecer. En realidad, estamos reflexionando sobre las opciones menos malas, sobre todo mientras Estados Unidos no pueda introducir ni el más mínimo cambio en sus leyes de inmigración.
JS: Ninguna de las estrategias actuales parece tener en cuenta los intereses de las personas que tratan de salir de una situación desesperada…
AI: Exacto. El interés superior de estas familias, y de los niños y las niñas en particular, no se tiene mucho en cuenta en este debate. Hay países a lo largo de la ruta, como Honduras, Costa Rica, Panamá, donde el objetivo es registrar a la gente y subirla a autobuses para que sigan su camino. Eso es un poco mejor porque elimina el crimen organizado, pero no es suficiente.
Estados Unidos odia eso, por supuesto. Alguna versión de esto podría ser más aceptable para algunos en Estados Unidos si viniera acompañada de algún control del número diario, que probablemente siempre será demasiado alto para Estados Unidos, pero podría ser más aceptable si viniera acompañado de un esfuerzo mucho mayor para integrar a las personas migrantes que pudieran estar contentas de vivir, por ejemplo, en México, un país que no está absorbiendo suficiente inmigración, en comparación con otros en la región.
JS: La lucha contra el crimen organizado parece ser uno de los más importantes, y difíciles, retos a los que se enfrentan los gobiernos en América Latina…
AI: Sí. Creo que deben empezar por combatir la corrupción estatal vinculada al crimen organizado. Abordar a funcionarios involucrados en corrupción, especialmente aquellos que están en el centro de las redes criminales quienes, probablemente por beneficio personal, no se enfrentan a estos grupos de delincuencia organizada, que no son sólo el soldado o el policía que hace pasar a la gente por los puestos de control o que permite que el Clan del Golfo opere al descubierto, sino sus jefes y otros que están más arriba. El crimen organizado, a diferencia de una insurgencia que quiere luchar contra un gobierno, necesita un gobierno para hacer lo que hace, así que hay que romper esos vínculos. Por ahí es por donde yo empezaría.
JS: Da la sensación de que Colombia lleva décadas intentando hacer esto. Pero lo que dices es que lo han estado haciendo mal, y por eso no ha funcionado.
AI: Consiguieron debilitar a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) hasta el punto en el que estuvieron dispuestas a negociar. Pero las insurgencias son mucho más fáciles de combatir que el crimen organizado, porque ellas quieren combatir. Los grupos de delincuencia organizada no quieren realmente atacarte, prefieren socavarte desde dentro, destruir la confianza en tu institución y debilitarla. Eso hace que sea mucho más difícil luchar contra ellos.
Y así, tu principal arma para luchar contra el crimen organizado son los testigos, los investigadores, los fiscales y los jueces. Esto no es algo que Colombia haya descubierto cómo hacer. Siguen actuando como si estuvieran luchando contra un enemigo que vive en campamentos remotos en la selva cuando, en realidad, su enemigo, el que realmente está socavando el Estado, probablemente vive en un condominio en Medellín la mitad del tiempo.
JS: Uno de los debates que ha generado mucha atención es el de la despenalización de las drogas como forma de hacer frente al crimen organizado, pero ¿funcionaría teniendo en cuenta que estos grupos manejan grandes portafolios criminales?
AI: Si nos remontamos a los años veinte en Estados Unidos, podemos ver que cuando se eliminó la prohibición del alcohol, la delincuencia disminuyó mucho. Estamos viendo lo mismo con el cannabis, y todo el flujo de ingresos que los grupos mexicanos en particular obtenían del cannabis ha desaparecido casi por completo.
Eso demuestra que, legalizando o regulando una droga se puede quitar un enorme flujo de ingresos a estos grupos. Pero también hay que hablar de algunos de los daños que hay que estar preparado para afrontar si aumenta el consumo de drogas, por lo que se necesita un Estado que se ocupe de ello. No es una panacea, pero acabar con la prohibición sin duda significaría un duro golpe al crimen organizado.
Sin embargo, aunque se hiciera eso, no se solucionaría todo el problema de fondo, porque aunque las drogas sean probablemente la principal fuente de ingresos del crimen organizado, los grupos pueden aumentar la lista de metales preciosos que extraen ilegalmente, pueden traficar y pasar de contrabando a más personas, pueden falsificar más, pueden extraer más madera de la selva tropical. Siguen existiendo esos problemas básicos de ausencia de Estado e impunidad para la corrupción vinculada al crimen organizado que les permitirá expandirse a estos otros negocios y seguir creciendo.
Esta entrevista ha sido editada por razones de longitud y claridad.
