Texto: Sergio Ortiz, Josefina Salomón Ilustración: Sergio Ortiz Borbolla
Erenia Cerdas, 38, vivía en la calle y pedía dinero para costear su consumo de droga cuando, a finales de 2021, un conocido le ofreció U$S 100 para llevar unas maderas a la prisión de Cocorí, en el centro de Costa Rica. Le dijo que iban a usarse para unos talleres de manualidades. Erenia, que ya había pasado por 16 centros de rehabilitación y perdido la custodia de sus hijos hacía una década, tenía poco que perder. Encontró la forma de llegar hasta la cárcel, pero cuando cruzó la revisión, los guardias descubrieron que entre las maderas había unos paquetes con cinco kilos de marihuana. Ella dijo que no sabía de dónde había salido todo eso, pero fue detenida inmediatamente.
Las prisiones en América Latina están atiborradas de mujeres condenadas por microtráfico de drogas, narcomenudeo. De hecho, son la población de más rápido crecimiento en los centros penitenciarios de la región. A nivel global, el aumento ha sido del 60 por ciento desde el 2000, una diferencia abismal frente al 22 por ciento de aumento de hombres, según la quinta edición de la Lista Mundial de Mujeres Encarceladas.
Estados Unidos, China y Brasil lideran la lista, México ocupa el décimo lugar mientras que El Salvador y Guatemala le siguen de cerca.
Una de las razones que explican esto, según Coletta Youngers, experta en políticas de drogas y encarcelamiento, es que los jueces tienden a castigar más duramente a las mujeres. “Creo que eso se debe en gran medida a la discriminación y el estigma. Se considera que las mujeres que se involucran en actividades ilícitas han desafiado las expectativas que la sociedad tiene de ellas como cuidadoras”, dice.
Pero durante la última década, algunos países de América Latina han estado experimentando con potenciales alternativas al encarcelamiento. Costa Rica es uno de ellos.
En 2013, luego de que un estudio de la Fiscalía del país confirmara que la gran mayoría de las mujeres encarceladas habían sido condenadas tras intentar ingresar drogas a las prisiones, el país reformó su Código Penal. El nuevo artículo 77bis introdujo la perspectiva de género y redujo las penas para mujeres en condiciones de vulnerabilidad, que tengan personas bajo su cuidado o sean adultas mayores.
Bajo la nueva ley, el juez a cargo del caso puede considerar otras opciones al encarcelamiento como alternativas para reparar el daño. Estas van desde la detención domiciliaria, la libertad asistida, la libertad restringida con dispositivos electrónicos, el trabajo comunitario y hasta abordajes más integrales como la justicia restaurativa para mujeres sin prontuario de delitos previos.
“Cuando comenzamos a revisar los casos de delitos relacionados con drogas en 2012 detectamos que el 98 por ciento de las personas acusadas eran mujeres cabeza de familia en situaciones de gran vulnerabilidad”, dice Zhuyem Molina, profesora, jueza, y exdefensora pública en Costa Rica, quien estuvo involucrada en la redacción de la ley.
“Cuando comenzamos a entrevistarlas, todas hablaban de hambre, de coacción producto de las condiciones de vulnerabilidad que tenían. Cuando logramos darle criterio científico, técnico y respaldar con estudios el proyecto de ley, logramos poner esos factores en la mesa y le pusimos humanidad a un perfil de narcotráfico que por mucho tiempo no tuvo rostro.”
En Costa Rica, como en muchos países, las mujeres tienden a jugar dos tipos de roles en el mundo criminal. Por un lado, están aquellas que lideran organizaciones, en quienes tienden a recaer las tareas de logística y finanzas. Y están las que juegan roles más pasivos, invisibles, de transporte al menudeo por ejemplo. Estas últimas son, según las expertas, quienes tienen a ser más criminalizadas.
“Cuando yo les preguntaba a las mujeres ‘¿Por qué no dijo que este tipo la tenía amenazada’, ellas me decían ‘Cómo voy a hablar si esa era la persona con la que yo dormía, quien, con una llamada, daba una orden y luego yo aparecía muerta? Si yo asumía ese riesgo, ¿Quién iba a cuidar a mis hijos?’”, explica la abogada.
Dos meses después de la promulgación de la ley, más de 120 mujeres salieron de la cárcel y se reunieron con sus hijos. Más de una década después, muchas continúan beneficiándose.
Erenia es una de ellas. Cuando la condenaron por tráfico de drogas en 2022, la abogada que el Estado le asignó solicitó que se aplicara un proceso de justicia alternativa por sus condiciones de vulnerabilidad.
El juez a cargo del caso resolvió que Erenia recibiera tratamiento para ayudar con sus adicciones y luego brindara servicios a la comunidad durante dos años. Hoy vive con el menor de sus hijos y dice que tiene una red de contención.
“Siempre quise cambiar mi vida y dejar las drogas, pero no tenía a nadie que me ayudara”, explica. “La justicia restaurativa es una fuente de beneficio para muchas personas. A veces creen que no nos merecemos una segunda oportunidad, y este sistema nos permite demostrar que somos capaces de reparar nuestro daño de otra manera, convertirnos en una persona de bien”.
La historia de Erenia se repite una y otra vez, aunque no siempre con el mismo final.
La primera vez que a Berta Robles, (no es su nombre real), originaria de Nicaragua, le ofrecieron ingresar drogas en la cárcel, no lo pensó dos veces. Después de vivir en Costa Rica sin papeles durante 20 años, sobreviviendo con el trabajo sexual para mantener a sus cinco hijos, la oferta de ganar más dinero fue demasiado tentadora para rehusar. El hombre que la convenció le dijo que ingresar la droga sería fácil.
“Yo no estaba hecha para eso, los guardias se dieron cuenta enseguida”, recuerda ahora.
Por su condición de vulnerabilidad, le aplicaron la ley y la enviaron a casa. Pero la deuda que acumuló con quien le había dado la droga la dejó en una situación más vulnerable que en la que estaba antes. Volvió a intentarlo. En 2019 fue condenada a seis años de cárcel. Hoy comparte una celda con otras 25 mujeres, lejos de sus hijos.
“Solo quiero salir de aquí, la cárcel no es el mejor lugar para cambiar,” dice.
Alternativas vs Bukelismo
A 10 años de la aprobación de la ley de alternativas en Costa Rica, la gran pregunta es su posible futuro en un contexto de creciente criminalidad y violencia.
La respuesta es compleja.
El país centroamericano ha registrado una de sus más altas tasas de homicidios en su historia y las organizaciones criminales continúan aumentado su poder e influencia, gracias a la ubicación estratégica del país como zona de paso de drogas ilícitas.
Este contexto, dicen los expertos, está alimentando propuestas de seguridad punitivas, como las de su vecino El Salvador, donde el gobierno dice que logró bajar la tasa de homicidios y extorsiones gracias al encarcelamiento de decenas de miles de personas.
Ernesto Cortés, especialista en cárceles y política de droga en Costa Rica, dice que el modelo no funciona.
“La forma en la que se mide el éxito de las políticas de droga, únicamente a través del decomiso y el arresto de personas, está completamente equivocado. Una forma de mejorar la salud es reduciendo la violencia que genera la ilegalidad del mercado. Aumentar el encarcelamiento no funciona, ni decrece la violencia. Estados Unidos es un ejemplo perfecto de eso”, explicó a In.Visibles.
Mientras tanto, las activistas continúan promoviendo la justicia restaurativa como alternativa sostenible.
“No es mano blanda ni impunidad. Es reparación de un daño a una persona que puede tener un impacto profundo en su comunidad, se trata de procesos con mucho control y responsabilidad a través de modelos que pueden generar muchos cambios,” dice Jovanna Calderón Altamirano, jefa de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica.
La clave, todas coinciden, está en la implementación. Colombia, por ejemplo, donde aproximadamente la mitad de las mujeres encarceladas están en prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, en 2022 aprobó una ley que permite que algunas mujeres cabezas de familia cumplan sus condenas trabajando fuera de la cárcel. Desde que la ley comenzó a ser implementada, en octubre de 2023, sin embargo, solo unas seis mujeres fueron beneficiadas.
“Es muy positivo que muchas mujeres tengan la posibilidad de salir de la cárcel, pero un tema clave es lo que pasa después de la salida. Cuando recuperan la libertad, las mujeres hacen su servicio social, pero ¿Con qué dinero van a llegar? Y ¿Cómo van a mantener a sus familias? Todavía falta mucho por mejorar”, dice Claudia Cardona, activista de derechos humanos, directora y Cofundadora de Mujeres Libres, quien participó en la redacción de la ley.
