Texto: Josefina Salomón Ilustración: Sergio Ortiz Borbolla
Cuando las autoridades de Chile encontraron los cuerpos sin vida de tres carabineros en Cañete, al sur del país, en abril, los expertos hablaron de un “punto de inflexión” de la crisis de seguridad que había comenzado hace tiempo. Aunque en la zona rige un estado de excepción desde 2022, el tipo de violencia registrado en estos crímenes y su expansión a otras partes del país, es casi inédito.
Es que hasta hace poco años, el país sudamericano era “el buen alumno de la región” en lo que al crimen organizado y la violencia respecta.
Expertos consultados por In.Visibles hablan de tres claves para entender lo que ocurre y el posible futuro.
La tasa de homicidios ha subido drásticamente en Chile, pasando de 4,5 a 6,7 por cada 100,000 habitantes entre 2018 y 2022, según cifras oficiales. Aunque en 2023 se registró una pequeña baja, la Fiscalía de Chile ha documentado un repunte en lo que va de este año. Muchos de estos crímenes se dan entre personas que no se conocían. Los secuestros y las extorsiones también aumentaron, lo que muestra cambios en las dinámicas criminales y la entrada del crimen organizado.
“La forma en la se lleva a cabo el delito habla de crimen organizado porque su modus operandi es buscar sembrar miedo,” explicó Pia Greene Meersohn, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián de Chile.
Hay tres factores que contribuyen a la expansión del crimen organizado en Chile: la enorme y altamente permeable frontera que lo separa de los principales países productores de drogas ilícitas del mundo, su relativamente estable situación económica y las olas migratorias vulnerables de explotación.
Al menos diez organizaciones internacionales operan actualmente en Chile, según datos de la policía de investigaciones del país. Entre ellas, la más poderosa es el Tren de Aragua, una megabanda que se originó en las cárceles de Venezuela en 2014, y, desde allí amasó una fortuna a fuerza de cobro de extorsiones y reclutamiento entre las personas privadas de su libertad y desarrolló un amplio portafolio delictivo que ha exportado a toda América Latina.
Algunos de estos grupos criminales se están estableciendo en comunidades en las periferias de las grandes ciudades, sacando provecho de la poca presencia policial.
Una de las formas en las que se evidencia la presencia de organizaciones criminales en Chile es por medio de los llamados “narco funerales”, una dinámica casi inédita hasta hace recientemente que va en aumento. De hecho, entre 2019 y 2023 se reportaron al menos 1,733 de estos eventos en todo el país.
“Los narco funerales y los monolitos responden al fenómeno complejo de la exhibición criminal es el sentirse orgulloso, sentirse tener una vinculación, parte de algo. Y eso genera un fenómeno muy complejo, que es la formación de pandillas de carácter identitario que son las más férreas y las más difíciles de abordar,” Pablo Zeballos, analista e investigador de campo, explicó a In.Visibles.
En respuesta a la nueva ola de crimen y la expansión de las organizaciones criminales transnacionales, el gobierno de Gabriel Boric aprobó más de 40 leyes relacionadas a la seguridad que establecieron, entre otras cosas, extender las facultades a las fuerzas de policía, la tipificación de delitos como la extorsión y los límites a los narco funerales. El Ministerio Público, por su parte, creó una Fiscalía especializada en crimen organizado y homicidios, con representantes trabajando en varios puntos del país. En el presupuesto de este año, el gobierno ha aumentado el gasto en seguridad pública, incluyendo en sueldos para la policía nacional.
¿Es suficiente? Zeballos dice que las leyes por sí solas, no.
“Yo siento que estamos viviendo una transformación criminal compleja en la región y una transformación criminal compleja y distinta requiere medidas complejas y distintas. Pero para poder saber qué medidas utilizar, primero tienes que comprender mucho mejor a qué te enfrentas,” dijo a In.Visibles.
