Texto: Pablo Zeballos*
Una serie de homicidios, sumados a una ola de ataques contra personal de salud en el sur de Santiago de Chile en las últimas dos semanas, han dejado al descubierto nuevas dinámicas criminales con potenciales consecuencias profundas en el largo plazo.
El lunes 7 de Octubre, un hombre de 21 años fue asesinado a balazos en su casa en la comuna de Puente Alto, horas después de haber sido amenazado. Un día antes, los restos de otro hombre fueron encontrados maniatados e incinerados, también en Puente Alto, según reportó La Tercera. Las autoridades locales dijeron que todavía no conocen quienes están detrás del crimen, o sus motivaciones.
La madrugada del jueves anterior, cuatro personas dispararon al menos 150 veces contra un grupo que organizaba un funeral en Bajos de Mena, otra zona de Puente Alto. Un adolescente de 17 años murió en el acto, mientras que su hermana de 13, hermano de 11 y un joven de 23 resultaron gravemente heridos. Cuando los tres fueron trasladados al hospital local, los hombres armados llegaron a amenazar al personal de salud. Dijeron que “reventarían” todo si los profesionales salvaban a los menores, según informó El País.
Las autoridades dijeron que están intentando identificar la motivación detrás del ataque. El presidente Gabriel Boric ordenó que se colocara un puesto fijo de Carabineros en la puerta del hospital. El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, dijo que están terminando de construir un muro externo para blindar el área de atención de urgencias. También dijo que lo que el gobierno nacional hace no es suficiente para enfrentar lo que llamó una crisis de seguridad que enfrenta su comuna, y el país.
El problema no es nuevo.
Chile enfrenta un significativo aumento de la criminalidad, ilustrada en la suba de homicidios y secuestros. De hecho, la tasa de homicidios pasó de 4,5 a 6,7 por cada 100,000 habitantes entre 2018 y 2022, según el primer informe oficial que incluye datos de diversos organismos públicos. Aunque en 2023 se registró una pequeña baja, la Fiscalía de Chile ha documentado un repunte en lo que va de este año.
Recientemente, Pia Greene Meersohn, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián de Chile, dijo a In.Visibles que el aumento de casos de homicidios de personas que no se conocían entre sí y de las extorsiones hablan de un cambio profundo de las dinámicas criminales. “La forma como se lleva a cabo el delito habla de crimen organizado porque su modus operandi es buscar sembrar miedo”, explicó.
El aumento de los ataques contra profesionales de la salud muestra como el crimen está permeando en nuevos sectores de la sociedad. De hecho, en lo que va de 2024, se registraron de 7.319 agresiones contra personas que trabajan hospitales públicos o centros de Atención Primaria de Salud en Chile, según datos del Ministerio de Salud publicados por el periódico La Tercera. Esto representa un promedio de más de 28 agresiones diarias.
La presidenta de la Confederación nacional de funcionarios y funcionarias de la salud (CONFUSAM), Gabriela Flores, dijo en una entrevista con El País que desde 2019, cuando se publicó la Ley de consultorio seguro, la violencia ya estaba instalada.
“Desde esa fecha hasta hoy, yo diría que ha aumentado en un 50% o más. Esto que ocurrió en Santiago [en Puente Alto] pasa todos los días en algún lugar de Chile. En el norte trabajan con chalecos y cascos antibalas; tenemos problemas en Alto Hospicio, en Arica y en Iquique. En la región del BioBío también hay una violencia desatada”, explicó.
El alcalde Codina dijo que el ataque ilustra un nuevo tipo de criminalidad.
Tiene razón.
La violencia en Puente Alto es el más reciente ejemplo de lo que ocurre cuando las organizaciones criminales intentan instalarse en territorios vulnerables.
El poder de fuego exhibido por el grupo criminal evidenció no solo que tienen acceso a una importante cantidad de municiones, sino que están preparados para sembrar el terror, desafiando al Estado y a la sociedad en general.
Es lo que llamo la “primera etapa” del asentamiento del crimen organizado, donde las organizaciones consolidan su control territorial a través de altos niveles de violencia y conflicto, buscando, eventualmente, ejercer un poder total.
Logran usar la violencia de forma exitosa, en parte porque el estado está ausente (lo que se ve en la falta de acceso a servicios esenciales y a la justicia) o es incapaz de ofrecer respuestas eficaces.
Las estructuras criminales pueden ver los centros de salud, las escuelas y los centros sociales, que de alguna forma son la presencia del Estado o de la sociedad organizada, como una amenaza. En muchos casos, cuando logran controlar un territorio también buscan suplantar esa presencia de lógicas de armonía pactada por otras, utilitarias, funcionales o controladas por ellos, incluyendo la designación de actores criminales dentro de esos espacios, el control territorial y la penetración del tejido social, las etapas posteriores.
La proliferación de armamento en zonas vulnerables no solo genera enfrentamientos o represalias entre bandas, sino que pone en grave riesgo a las comunidades atrapadas en estas guerras territoriales. Si no se contiene esta violencia, es probable que veamos un aumento en el desplazamiento forzoso de familias inocentes que buscan escapar, incrementando así su vulnerabilidad. Además, la persistencia de la violencia incrementará los casos de trastornos de salud mental, abuso de drogas y alcohol, así como la inaccesibilidad a programas de salud.
Si los eventos violentos continúan sin una respuesta efectiva de las autoridades, la percepción de abandono por parte del Estado aumentará, lo que llevará a las comunidades a desarrollar mayores grados de desconfianza en las instituciones. Este ciclo de violencia y autodefensa podría agravarse, incluso al punto en que las personas recurran al pago por protección a estructuras criminales, consolidando un sistema paralelo de control que podría perpetuar la violencia y debilitar aún más el Estado de derecho, como ya lo vemos en otros países de América Latina.
*Pablo Zeballos es investigador sobre crimen organizado y colaborador de In.Visibles. Es autor del libro “Un virus entre sombras: La expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile”.